Los agentes sociales de la Comunidad Valenciana volvieron a dar ejemplo de responsabilidad y de las posibilidades del diálogo social al firmar ayer con el Consell un gran pacto para la reconstrucción de la economía tras la epidemia del covid-19. Un pacto que supone el primer pilar del acuerdo global «Alcem-nos» que impulsa la Generalitat, y que ahora deberá completarse con otro institucional, con ayuntamientos y diputaciones, y con el político, que se negocia en las Cortes y que se anticipa como el más complicado. De ahí que patronal y sindicatos no se olvidaran tampoco de lanzar algún mensaje a los partidos políticos, recordándoles que para alcanzar un consenso es necesario que todos cedan.
En el caso del documento que se firmó ayer, han sido necesarios casi dos meses de trabajo para determinar un total de 383 actuaciones, agrupadas en 15 grandes ejes, con las que se pretende impulsar la recuperación de la actividad tras la pandemia. Una salida de la crisis que pasa, según el acuerdo, por potenciar la transformación digital de la economía, acelerar la transición hacia un modelo energético ecológico -lo que el jefe del Consell, Ximo Puig, bautizó como un «New Green Deal» valenciano-, y por reforzar los servicios públicos, para cerrar la brecha social, que se ha agrandado con el covid-19.
Unos objetivos que también pasan por impulsar la obra pública, facilitar la financiación de las empresas o mejorar el sistema educativo, y, en concreto, la Formación Profesional, además de realizar una clara apuesta por la industria como sector de futuro. El propio Puig reconoció que la aplicación de estas medidas requerirá de un aumento de los ingresos del Ejecutivo valenciano, lo que los firmantes esperan conseguir a través de «la reforma del sistema de financiación autonómica, la optimización de los fondos europeos de recuperación pactados esta semana y una mayor corresponsabilidad y eficiencia fiscal», según destacó el president durante un acto en el que también estuvieron presentes, entre otros, los dos vicepresidentes del Consell, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau, y los consellers Vicent Soler y Rafa Climent, que han dirigido las mesas sectoriales.
Meses de dificultades
Lejos de caer en el triunfalismo, y tras recordar a las 1.475 víctimas que ha dejado la pandemia en la autonomía hasta el momento, Ximo Puig advirtió de que «vienen meses de dificultades e incertidumbre», por lo que reclamó un «esfuerzo colectivo para sustituir la angustia por la esperanza». El presidente recordó que estamos ante «el mayor reto» al que deberán enfrentarse las actuales generaciones de valencianos. «Es el momento del orgullo y de la fe en este pueblo, que ha sido capaz de tantas cosas en este tiempo», afirmó. Puig no dudó en parafrasear al mismísimo Winston Churchill, cuando pidió a los británicos «sangre, sudor y lágrimas» para derrotar al régimen nazi, y en su caso reclamó a los valencianos «esfuerzo, unión y confianza» para desarrollar lo que calificó como un «programa generacional» para dejar atrás la actual crisis.
También por parte de los agentes sociales fueron constantes las referencias a la importancia del acuerdo alcanzado. Así, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, subrayó el papel clave que jugará la iniciativa privada en la salida de la crisis, pero recordó que «los empresarios no podemos avanzar solos en la recuperación económica y social». Por eso, alabó el acuerdo, que «contribuirá a generar confianza y certidumbre». Eso sí, Navarro tampoco se ahorró la pulla contra los que proponen subir impuestos para pagar las medidas anticrisis. Así, apuntó que «la única forma de proteger el Estado del bienestar es con empresas competitivas, que crezcan y que paguen sus impuestos». Eso sí, «unos impuestos que no deben condicionar su competitividad territorial».
Un guante que recogió el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien reconoció que la cuestión impositiva será un asunto donde el consenso será más complicado. En cualquier caso, también aquí hay puntos de acuerdo. Así, Sáez recordó la reivindicación común para que haya una armonización fiscal que evite la competencia entre comunidades por captar recursos. Por su parte, el secretario general de CC OO, Arturo León, hizo hincapié en la parte social del acuerdo, que incluye medidas como el impulso a las ofertas de empleo público, la generalización de la educación gratuita de los 0 a 3 años o un aumento del parque público de viviendas.
