Aunque era esperada, la cifra no deja de resultar llamativa. Las medidas de confinamiento impuestas para frenar la expansión del covid-19 provocaron que la compraventa de viviendas descendiera casi un 66% durante el pasado mes de mayo en la provincia, en el que apenas se inscribieron en los Registros de la Propiedad 1.281 operaciones frente a las 3.726 contabilizadas en el mismo periodo de 2019, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del volumen de transmisiones más bajo de toda la serie histórica que facilita este organismo y que se remonta hasta el año 2007, por lo que abarca también la peor etapa tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Un descenso que se produjo tanto en el mercado de obra nueva -que anotó una caída del 61,3%, con 243 compraventas inscritas-, como en el de segunda mano, que retrocedió un 66,4%, con 1.038 operaciones. De esta forma, mayo ahondó aún más en la brecha que ya se observó en abril, cuando la inercia de las reservas realizadas anteriormente al decreto del estado de alarma atenuó la caída hasta el 38,7%.
Los datos del INE revelan que el impacto de la crisis sanitaria fue mayor en el mercado inmobiliario alicantino que la media nacional, ya que en el conjunto del país la contracción del número de transacciones fue doce puntos inferior, del 53,7%. Un dato que promotores e inmobiliarias vincularon ayer al mayor peso de los compradores foráneos en Alicante, donde los extranjeros suponen más de la mitad del todo el mercado.
«Sin vuelos internacionales, todas las firmas que estaban previstas para estos meses no han podido formalizarse», apuntó el presidente de la Asociación Provincia de Promotores (Provia), Antonio Fernández, quien aseguró que es ahora en julio cuando empiezan a reprogramarse las citas en las notarías de los clientes extranjeros.
En cuanto a la evolución del mes de junio, la presidenta del Colegio de Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API), Marifé Esteso, señaló que esa misma falta de clientes extranjeros y también de otras zonas de España «ha limitado considerablemente el mercado», por lo que también augura cifras bajas, aunque reconoce cierto efecto rebote entre la clientela local, por la demanda embalsada. Al respecto, Juan Carlos Sempere, de Ábaco Inmobiliaria, afirmó que se ha notado «cierta prisa» entre algunos compradores, ante el temor a que un rebrote vuelva a limitar la actividad.
Decreto polémico
Pero la debilidad de la demanda no es el único factor de preocupación de los profesionales del sector. Los representante de Provia y del Colegio de API mostraron ayer su malestar por los efectos que, según afirmaron, ya empieza a tener el decreto que ha aprobado el Consell para facilitar el aumento del parque de vivienda pública y que, entre otras cosas, amplía el derecho tanteo y retracto de la Administración autonómica en las operaciones inmobiliarias. Un derecho que, hasta ahora, sólo podía ejercer cuando se vendían viviendas de protección pública, pero que ahora también puede aplicar en los inmuebles libres cuando se vendan paquetes de más de diez viviendas, o cuando se venda más del 80% de la propiedad de un edificio con un mínimo de cinco inmuebles, en aquellas zonas que se hayan declarado como áreas de necesidad de vivienda, lo que incluye a la mayoría de grandes municipios de la Comunidad. Además, también se aplica cuando la vivienda transmitida haya sido objeto de alguna dación en pago o un embargo desde abril de 2005, lo que afecta directamente a la mayoría de inmuebles que comercializan operadores como Solvia, Aliseda y todas las inmobiliarias surgidas de bancos.
Esto obliga a comunicar cada operación a la Generalitat, que tiene 60 días para contestar si quiere ejercer o no su derecho de tanteo, lo que está retrasando el cierre de estas compraventas. «Yo tengo solicitudes presentadas desde el día 15 y aún no tengo resolución», aseguró ayer Esteso, que denuncia, además, la poca información que se les ha facilitado. Desde las notarías también señalan que se están posponiendo firmas por carecer de este informe, ya sea por desconocimiento de la nueva norma o por falta de respuesta de la Generalitat. De igual forma, desde Provia aseguran que la incertidumbre jurídica está retrasando proyectos empresariales, por ejemplo, de empresas que querían hacer promociones para alquiler, lo que suele implicar transmisiones entre firmas de un mismo grupo que podrían ser aprovechadas para reclamar ese derecho.
Desde la Vicepresidencia Segunda del Consell negaron ayer la mayor y aseguraron que las respuestas a las solicitudes se están tramitando en 48-72 horas y recordaron el fin social de la vivienda. Eso sí, se mostraron abiertos a facilitar los trámites cuando se desarrolle el reglamento de vivienda.
