El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, no está dispuesto a amedrentarse con las amenazas y ha asegurado que mantendrá el decreto ley para la ampliación de la vivienda pública mediante tanteo y retracto pese a las presiones que ha recibido desde su aprobación. El dirigente de Podemos prefirió no dar nombres pero lamentó ayer que «no se han detenido las presiones y amenazas» contra su persona, «tanto públicas como privadas, por parte de los poderes fácticos que defienden a los fondos de inversión», añadiendo que no cederá a la presión y seguirá la hoja de ruta marcada y establecida en agenda hasta el día 15 de julio en que el decreto se convalide en las Cortes Valencianas. De hecho, el vicepresidente segundo está dispuesto a reforzar su promoción y su legitimidad democrática a través de reuniones con agentes y actores sociales como registradores de la propiedad o notarios y con organizaciones sociales como la Coordinadora d'ONG del País Valencià, la PAH o Stop Desahucios.
Dalmau llegó a la vicepresidencia del Consell con un firme propósito: ampliar el parque público de vivienda para que muchas familias puedan ver garantizado este derecho. La situación de la vivienda en la Comunidad ha sufrido un deterioro significativo que ahora se agrava tras la pandemia. Las desigualdades sociales han crecido y con ellas las políticas en esta área resultan insuficientes para atender las nuevas necesidades. Esa es la base sobre la que Dalmau hace pivotar su proyecto. Su denuncia se ha producido después de que el pasado 5 de junio, el pleno del Consell aprobase un decreto ley que amplía los supuestos en los que las administraciones pueden adquirir inmuebles para destinar a vivienda pública reservándose el derecho de tanteo y retracto en inmuebles.
Con esta normativa, la administración podrá adquirir viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca o aquellas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias, aumentando el parque público para poder dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional. Con este telón de fondo, la conselleria se mantiene firme en su propósito de no ceder a ningún tipo de presión y convalidar el decreto para promover la creación del parque público y responder a la múltiple demanda. Sin embargo, el vicepresidente segundo relató ayer que «la propuesta llegó a oídos de los lobbies de sectores económicos poco transparentes y de los grupos de inversión, y sonaron las alarmas», lo que provocó las presiones y las amenazas, públicas y privadas, «por parte de quienes quieren mandar sin presentarse a unas elecciones», alertó.
El conseller quiso dejar claro que la normativa ayudará a aumentar el parque público de la Generalitat y de los ayuntamientos, «como recomienda el Banco de España» en un decreto que «contó con la participación de los agentes involucrados, organizaciones sociales y empresariales, operadores jurídicos y expertos varios». Así, defendió que este decreto «fue ampliamente participado y se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones que ayudaron a mejorarlo», insistiendo que «siempre con diálogo»,insistió.La denuncia del conseller de Podemos provocó ayer numerosas reacciones de los partidos políticos. También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo referencia y afirmó que sufre por la aplicación de la ley de la función social de la vivienda y que se puede opinar, pero siempre que se haga «con mirada democrática», añadiendo que que no tiene constancia de esas amenazas, y que el diálogo «forma parte central» de su acción de gobierno.
