La fábrica que más contamina en la provincia es una fábrica "mimada" por el Gobierno que recibe pagas extra millonarias. Esa es la conclusión que saca Ecologistas en Acción cuando analiza los datos de emisiones de CO2 a la atmósfera de 2019, publicados recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica. La cementera de Fontcalent, propiedad del gigante mexicano Cemex, tiene permiso gubernamental para contaminar mucho más de lo que realmente emite, de forma que, según las reglas del mercado de carbono, tiene superávit de CO2 y puede comerciar con esos volúmenes asignados y no utilizados. En concreto, la diferencia entre el techo de contaminación y los gases generados “supusieron unos beneficios caídos del cielo de casi 6,5 millones de euros según los precios actuales del mercado” para la planta cementera, en palabras del portavoz local de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas. La organización sostiene que el cemento recibe la asignación de carbono más generosa de todas las industrias contaminantes del país, seguido por el sector químico.
Emisiones concedidas y realizadas en el sector cementero español en 2020. Ecologistas en Acción
Los datos del Ministerio recogen que la producción de la planta generó el año pasado 464.580 toneladas de gases de efecto invernadero, también llamadas toneladas equivalentes de carbono (teqCO2) por ser este el gas mayoritario en las emisiones atmosféricas industriales. Ese mismo ejercicio, su techo de contaminación, denominado “asignación gratuita de derechos de emisión” en las reglas europeas, fue de 725.430 teqCo2. De esta forma, la instalación tuvo un superávit de 260.850 toneladas. El mercado del carbono europeo, el mecanismo de la UE para convertir la necesidad de recortar emisiones de gases de efecto invernadero en competición empresarial, prevé que las instalaciones excedentarias puedan vender los derechos de contaminación no utilizados a las que han sobrepasado el tope de su asignación, a fin de que innovar en sostenibilidad sea rentable al tiempo que no hacerlo penaliza a las empresas. El precio medio del bono de carbono, que permite emitir una tonelada de CO2, fue de 24,84 euros en 2019. Por tanto, Cemex Alicante dispone al cierre de ejercicio de 6,47 millones de euros en forma de bonos para intercambiar. “Un regalo del Gobierno a una fábrica que emite el 80% de la contaminación” de la provincia, según Arribas.
Ecologistas en Acción prepara un informe que documenta este “trato de favor” al sector cementero. En lo transcurrido del segundo periodo de funcionamiento del mercado de carbono, comprendido entre 2013 y 2020, la industria ha recibido anualmente más cupo de gases del que ha necesitado. En concreto, entre 2014 y 2019 todas las plantas y compañías que la forman en España han tenido derecho para lanzar a la atmósfera 102,2 millones de teqCO2, cuando la emisión final ha sido de 89,8, según datos avanzados por la plataforma. El superávit, ajustado al precio medio anual del bono de carbono, ha supuesto ingresos en forma de derechos canjeables por valor de 149,8 millones de euros para el sector.
Asignación y emisión del sector cementero y beneficio económico entre 2014 y 2019. Ecologistas en Acción
“No vendemos los derechos”
Cemex admite que ese superávit puede transformarse en dinero líquido, pero rechaza la tesis de los ecologistas de que exista un trato de favor. Fuentes de la compañía aseguraron a este diario que la política de la empresa respecto al comercio de derechos es “no vender los bonos” y “utilizarlos a final del periodo para uso interno”, lo que significaría que Cemex “ahorra” esas toneladas excedentarias para gastarlas en épocas de más producción o transferirlas a instalaciones deficitarias. La multinacional no cree que exista una asignación privilegiada, sino que “gracias a los esfuerzos realizados hemos conseguido gastar menos” derechos de emisión, alegaron las citadas fuentes.
En este sentido, la empresa aduce que ha sido la “innovación” lo que ha permitido mantener bajas las emisiones en Alicante y en todo el entramado Cemex. La compañía destaca que parte de este recorte se debe a que en 2019 el 28% de los combustibles utilizados han sido alternativas a los combustibles fósiles y el 30% de la energía de fuentes renovables. “Tenemos el ambicioso objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 35% respecto a los niveles de 1990”, añadieron.
El organismo responsable de adjudicar a cada instalación contaminante su cupo de emisiones es el Consejo de Ministros. El servicio de prensa del Ministerio de Transición Ecológica explicó que pese a que el sector cementero recibe un 20% menos de lo que se le adjudicó inicialmente puede haber superávit si la producción, y no las emisiones, se mantiene dentro de los límites que no exigen revisión.
Estos derechos de emisión de CO2 se adjudican antes de que comience el periodo de comercio -en este caso, 2013-2020- y para todos esos años, aunque se revisan anualmente en función de unos criterios de producción regulados por la Decisión de la Comisión 2011/278/UE, según especificaron.“Las asignaciones aprobadas se ajustan anualmente cuando se dan determinados supuestos, que incluyen un descenso de la actividad de más del 50% respecto de la referencia histórica. Si el descenso no llega a este umbral, la asignación se mantiene”, añadieron las fuentes ministeriales en relación a las razones que justificarían un ajuste a la baja.
Respecto al trato favorable que estarían recibiendo las cementeras, el Ministerio señala que “desde que se inició este periodo se le ha disminuido la asignación al sector cementero en un 20% respecto de lo que inicialmente se aprobó por el Consejo de Ministros”, aunque “en la medida en que haya instalaciones que han disminuido su actividad sin alcanzar los umbrales para que se ajuste la asignación a la baja, puede haber un superávit de derechos”.
Cero actividad, muchos bonos
Arribas considera “escandaloso” que en 2019 haya habido dos plantas de Cemex, Lloseta y Gádor, con asignaciones aproximadas de 400.000 y 200.000 teqCO2 que no han tenido actividad, ya que este cupo se traduce en ingresos limpios para la empresa en forma de bonos de carbono. Al respecto, las citadas fuentes del Ministerio alegaron que “el descenso de actividad en un año tiene reflejo en las asignaciones de años posteriores”, por lo que, ambas plantas deberían sufrir un ajuste importante en los cupos de contaminación para 2020, discutidos por el Consejo de Ministros en el mes de mayo. “En particular, un descenso muy significativo de la actividad en el año X (reducción de más del 90% de la actividad) implica que a partir del año siguiente se dejan de recibir derechos”, afirman desde el Ministerio.
Así, ambas plantas no tendrían derecho a emitir gratis en 2020, pero si retoman su actividad y considerando la política de transferencias internas de Cemex, podría quedar compensada por el superávit de otras instalaciones como la de Alicante.
