Ayudas para autónomos, empleadas de hogar y trabajadores temporales sin derecho a paro son tres de las 50 medidas aprobadas ayer por el Gobierno para aliviar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus. El Ejecutivo acordó un nuevo Real Decreto para apoyar a distintos sectores económicos, empleados, familias y colectivos más vulnerables, según subrayó el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, tras el Consejo de Ministros. Iglesias calificó estas decisiones como un«escudo social» para la actual situación de emergencia sanitaria.
Este tercer decreto desde el inicio del estado de alarma para frenar la propagación del Covid-19 establece nuevas ayudas, pero también «completa» o «modifica» otras anteriores decisiones, como admitió la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El Ejecutivo tuvo que aclarar aspectos de la última norma de paralización de la actividades, salvo las esenciales, en lo que se refería a sectores afectados o los servicios mínimos en las empresas, tras las críticas recibidas por las patronales.
Subsidios especiales
No obstante, algunas de las nuevas decisiones están dirigidas a colectivos que no habían entrado en anteriores planes y que también habían sido reivindicadas. Así, el Gobierno aprobó una prestación especial para las empleadas de hogar, aunque no se concretaron. No obstante, sí avanzó Iglesias que esta ayuda especial será compatible con que la trabajadora realice parte de su jornada. Este colectivo tan vulnerable, que ha visto suspendida o reducida su actividad, conforma en la provincia un grupo de más de 9.000 cotizantes a la Seguridad Social. Igualmente de novedosa fue la medida para los contratados temporales que hayan sido despedidos y que no tengan derecho a paro por no acumular la cotización mínima. Este subsidio especial durante el estado de alarma será de casi 439 euros en una única paga.
Los autónomos de la provincia también esperaban medidas que paliaran la grave situación por la que atraviesan, algunos con los negocios cerrados por el estado de alarma (hostelería y comercio, menos servicios básicos) «y sin tener ingresos para hacer frente a los gastos», según advirtieron Mar Valera, presidenta de los hosteleros de Alicante, y Francisco Rovira, secretario general de la patronal del pequeño comercio alicantino. Ambos sectores suman más de 25.000 establecimientos en la provincia.
El Ejecutivo aprobó la moratoria del abono de las cotizaciones durante seis meses para autónomos y pymes, sin intereses. Calviño también informó de un aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 y una moratoria de las cuotas por los días trabajados de marzo, sin intereses. Según Europa Press, en el borrador del decreto, el periodo de devengo en caso de pymes estaría comprendido entre abril y junio de 2020, mientras que en el de los autónomos sería de mayo a julio. Además, los profesionales por cuenta propia pueden acogerse al bono social eléctrico y a la moratoria de pago hipotecas de locales comerciales u oficinas.
Críticas de los autónomos
Javier Pastor, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de la Comunidad señaló que «toda ayuda es buena», aunque quedan flecos por abordar. Mientras, Francisco Rovira se mostraba escéptico sobre la moratoria de las cuotas sociales «porque aún no se saben las condiciones». Además, advertía de que el aplazamiento para pago de hipotecas «solo se refiere a los dueños de un negocio que hayan pedido préstamos para abrir su local, pero no a los que pagan a un arrendador, que es la mayoría». Igualmente, Mar Valera señaló que el aplazamiento es un retraso del abono. «Al final, tengo que pagar, aunque sea dentro de seis meses», añadió. Los autónomos también se quejan de que aún no hay instrucciones en los bancos sobre los avales de acceso a préstamos aprobados por el Gobierno central y la Generalitat.
