La posibilidad de que el Gobierno establezca un peaje blando en las autovías gratuitas provocó ayer reacciones encontradas entre todos los sectores afectados. Mientras transportistas y usuarios manifestaron su rotunda oposición, los contratistas de obra pública se mostraron a favor. «Es inapelable utilizar el pago por uso si queremos mantener un óptimo servicio de nuestras carreteras». Así de rotundo se expresó en declaraciones a este periódico el presidente de la Federación de Contratistas de la Comunidad Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel. Esa nueva tasa podría situarse en torno al 10% de los actuales peajes de las autopistas y se destinaría a costear el mantenimiento de la infraestructura y el impacto medioambiental. A juicio del presidente de Fecoval, el dinero que se recaude -unos 11.000 millones según una información publicada ayer por El País- debería destinarse «a la mejora y mantenimiento de las carreteras, porque pese a que tenemos una de las mejores redes de autovías y autopistas de toda Europa, son muy antiguas y en los últimos años ha aumentado la siniestralidad».
Además, Santa Isabel explicó que con ese dinero podría optimizarse la conexión de las autopistas con el entorno y, también, retornar un porcentaje al sector para que sea más competitivo. Mismo argumento comparte el gerente de la Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos de la Comunidad Valenciana, Mauro Derqui, quien añadía que pese a que esta acción no afectaría a su negocio, «también deben tener en cuenta que es muy importante la realización de obras de mejora, como por ejemplo, el acondicionamiento de la N-332 porque, a día de hoy, es uno de los tramos más peligrosos».
De opinión contraria es la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). La organización, que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera manifestó ayer su rechazo a la propuesta, ya que el sector «contribuye suficientemente al mantenimiento de las carreteras a través del impuesto de hidrocarburos y de una fiscalidad que soporta más de 21.000 millones de euros al año».
Además, Fenadismer alega en una nota que si la medida sale adelante, «afectaría negativamente al mantenimiento de la recuperación de la economía y, muy especialmente, a las exportaciones de productos a los mercados europeos ya que en la mayoría de las veces, las mercancías son transportadas por carretera».
Asimismo, la federación de transportistas señaló que que ni Francia ni Italia exigen pago por la utilización de sus carreteras de forma generalizada, a excepción de las autopistas privadas -«como sucede en España», apuntó- y que tampoco la Unión Europea obliga a sus Estados miembros a establecer un peaje o tasa por el uso de las carreteras.
Consumidores en pie de guerra
El colectivo de los consumidores tampoco comparte el pago por uso. El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunidad Valenciana (Cavecova), Manuel Lubary, señaló ayer a este diario «que no debe haber ninguna tasa por el uso de autopistas o autovías». Añadió que el mantenimiento debería financiarse por el impuesto de la renta, «que es el más progresivo y justo, tanto para el estudio de impuestos ecológicos como de mantenimiento de carreteras». «Implantar una tasa es discriminatorio para rentas altas o bajas y no se contemplan colectivos que deben desplazarse en vehículo obligatoriamente por motivos de trabajo y ausencia de transporte público», lamentó.
Idéntica explicación ofreció el directivo de Facua-Consumidores en Acción, Miguel Serrano, a este periódico, para posicionarse «totalmente en contra». La asociación critica que la medida que estudia Fomento, tildada de «repago», «pretende obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya se pagaron a través de los impuestos». El miembro del equipo jurídico de Facua cuestiona si el precio que se pagará será realmente simbólico «porque finalmente terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública».
Más siniestralidad
Serrano también advertía de que la clase de peajes que se pretenden implementar incentivarían la utilización de carreteras nacionales, donde la siniestralidad es más alta y que, en muchos casos, no están mantenidas correctamente por el Estado. «Existirían dos tipos de conductores: uno con un nivel adquisitivo más alto, que podría transitar por las autovías, y otro que, debido a no poder hacer frente al pago, se enfrentaría a carreteras con un mayor riesgo de accidente y en peores condiciones», puntualiza. Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Fernando Moner, lamentó «que todas las soluciones deben pasar por el bolsillo de los usuarios y no podemos aceptar un aumento de la presión fiscal por muy simbólica que sea».
