Roberto López Abad está viviendo su propio déjà vu judicial. Si hace un año era el expresidente de la CAM Modesto Crespo quien pactaba en el último momento con la Fiscalía y devolvía los 600.000 euros que había cobrado indebidamente para evitar así ingresar en prisión sin importarle la situación en que dejaba al resto de los acusados (entre los que se encontraba el exdirector general), ahora han sido los empresarios con los que la caja se asoció para su aventura en el Caribe, Juan Ferri y José Baldó, los que le han abandonado a su suerte.
En ambos casos, además, López Abad ha sabido de estos acuerdos cuando faltaban apenas unos días para el inicio de la vista oral, lo que ha cercenado aún más su capacidad de reacción para recomponer una estrategia de defensa que sus compañeros de banquillo acababan de dinamitar.
Poco o nada se puede hacer para defender la legalidad de unas supuestas dietas si, como ocurrió en el caso de Crespo, quien se las embolsó admite que no tenía que haberlo hecho.
En aquella ocasión, al exdirector general, al igual que al resto de los 20 acusados junto al expresidente, la Fiscalía les ofreció una rebaja considerable en la pena si asumían la ilegalidad de esos emolumentos. Pero ninguno aceptó. Unos, porque mantenían que nada supieron de esas retribuciones y que, por lo tanto, ninguna responsabilidad tenían. Fueron absueltos.
Otros, como López Abad, porque defendieron la legitimidad de unos pagos por los que al final fueron condenados. López Abad a dos años y medio mientras la pena que se le impuso a Crespo fue de 9 meses, lo que le garantizaba que no ingresaría en prisión.
El exdirector general, por contra, sumaba así su segunda condena tras los tres años que ya arrastraba por el falseo de las cuentas de la CAM. Resoluciones que, en ambos casos, están pendientes del Supremo.
Algo similar a lo de Crespo ha vuelto a ocurrir ahora en el proceso por los negocios de la CAM en el Caribe, cuyo juicio está previsto que comience el lunes en la Audiencia Nacional. Conocido como era que Ferri y Baldó llevaban meses negociando con la Agencia Tributaria y Anticorrupción un acuerdo en cuanto a los seis delitos fiscales de los que inicialmente estaban acusados, el pacto alcanzado en lo relativo a la administración desleal pilló a los exdirectivos de la caja (además de López Abad también está acusado el exdirector de Empresas Daniel Gil) con el pie cambiado.
La admisión por parte de los empresarios de que recibieron créditos irregulares de la CAM para financiar los negocios al otro lado del Atlántico de los que la entidad no vio un euro de beneficios no pone fácil la defensa de quienes autorizaron esas operaciones.
Acorralados por las conformidades alcanzadas por Ferri y Baldó a sus compañeros de banquillo poco más les queda que seguir sus pasos. Un camino que Gil tendría menos problema en tomar. A López Abad, en cambio, no solo le pesa que con ésta sume su tercera condena (aunque a una pena considerablemente menor) sino la contraprestación económica que conlleva el pacto.
A los empresarios de Benidorm les ha costado casi 30 millones. Los exdirectivos de la CAM tendrían que hacer frente a alrededor de 12 (la misma cantidad con la que Ferri y Baldó han indemnizado al Fondo de Garantía de Depósitos) que podría asumir Caser, la aseguradora con la que la caja tenía contratada una póliza de responsabilidad civil. Cuestión aparte es lo que después haga la compañía para recuperar ese dinero. Y eso a López Abad le preocupa tanto que hasta el mismo lunes no se sabrá qué hará y, por tanto, si habrá o no juicio por estos hechos.
