Más de una madre se va a llevar un disgusto cuando intente aplicarse en su declaración la nueva deducción de hasta 1.000 euros por los gastos en guarderías o centros de educación infantil de sus hijos menores de tres años. Según advirtieron ayer desde el Colegio de Economistas de Alicante, la normativa señala que únicamente podrán atribuirse este beneficio las familias que tengan a los niños en centros autorizados por el respectivo Gobierno autonómico -lo que se conoce como escuelas infantiles-, por lo que quedan fuera los establecimientos que únicamente cuentan con licencia municipal, es decir, las guarderías propiamente dichas.
Así lo señaló ayer el vicesecretario del Colegio, Antonio Rodríguez, durante el análisis que este organismo realizó de las principales novedades de la campaña de la renta de este año. Rodríguez aseguró que la actual redacción de la normativa supone una «discriminación» para los contribuyentes valencianos con respecto a otras autonomías en las que esta actividad de guardería también está recogida en la normativa y requiere de autorización, al contrario de lo que ocurre en la Comunidad, donde solo se regulan aquellos centros con proyecto académico, mientras que los establecimientos de pura guarda y custodia de los menores únicamente necesitan de una comunicación al ayuntamiento de turno.
Desde el Colegio de Economistas no supieron precisar el número de afectados aunque consideran que será sustancial. Sin embargo, desde la Conselleria de Educación minimizaron el impacto y recordaron que sólo en la provincia de Alicante existen 265 centros de educación infantil públicos y privados que cuentan con autorización del Consell. En toda la Comunidad, estos centros regulados acogen a 44.000 alumnos frente a una población total de 125.000 menores de tres años que residen en la autonomía, aunque desde el Ejecutivo recuerdan que lo habitual es que las familias esperen hasta que los niños y niñas tengan uno o, incluso, dos años para escolarizarlos lo que reduce el número potencial de alumnado sobre ese total.
Sea como fuere, los economistas aconsejaron ayer cerciorarse de que el centro de sus hijos cumple con los requisitos exigidos -en realidad, si la escuela lo hizo bien, debería haber comunicado la información de sus alumnos a Hacienda en febrero para que aparecieran en los datos fiscales de la madre-, y abstenerse de solicitar la deducción si el centro no está autorizado por el Consell para no arriesgarse a recibir una inspección de Hacienda. Al respecto, el presidente del Colegio, Francisco Menargues, señaló que lo lógico sería que la Agencia Tributaria acabe rectificando su criterio para incluir a todo tipo de centros, como ya ocurrió con las academias privadas en la exención del IVA de la educación. Eso sí, hasta ese momento, mejor no arriesgarse.
Junto a esta deducción de guardería, otro de los posibles focos de problemas de la presente campaña está en las prestaciones por maternidad y paternidad. Aunque la Justicia declaró que debían estar exentas de IRPF -lo que ha obligado a devolver las retenciones practicadas- éstas siguen apareciendo como ingresos en los datos fiscales, lo que puede inducir a error. En concreto, quien exporte directamente los datos a la declaración sin modificarlos podría acabar pagando de más, tal y como recalcaron Menargues y Rodríguez, que estuvieron acompañados durante su comparecencia por el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio, Antonio Pérez.
Por otro lado, los economistas criticaron la dificultad que existe para aplicarse la deducción autonómica por alquiler. Aunque la Generalitat ha eliminado la obligación de que el propietario de la vivienda deba depositar la fianza en el registro autonómico, ahora exige que el inquilino haya liquidado los impuestos por la formalización del contrato -como el de Transmisiones Patrimoniales-, una exigencia que muy pocos cumplen.
Hacienda advierte de que los intereses de demora también tributan
La Agencia Tributaria incluye el mensaje entre los avisos que también lanza por alquileres o criptomonedas
Las nuevas tecnologías permiten que Hacienda tenga cada vez más controladas todas las fuentes de ingresos de los contribuyentes y en los últimos años ha encontrado en los avisos que manda a través de su aplicación una forma de asegurarse de que los ciudadanos los incluyan correctamente en su declaración. Así, este año tiene previsto enviar en toda España casi 700.000 de estos avisos tras haber detectado rentas por alquiler y otros 2,1 millones a contribuyentes que tienen cuentas en el extranjero. Además, otros 14.700 serán advertidos de que la Agencia Tributaria tiene constancia de que han realizado inversiones en criptomonedas.
Pero la cosa no queda ahí. Este año entre estos mensajes también se incluirán advertencias para aquellos contribuyentes que hayan recibido intereses de demora de alguna Administración, según explicó ayer el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas, Antonio Pérez Rovira. Y es que el dinero que paga la propia Hacienda o cualquier otra institución cuando se retrasa también tributa y, además, lo hace como ganancia patrimonial, por lo que «puede haber contribuyentes que no estaban obligados y que deban presentar la declaración únicamente por este motivo. Con un solo euro basta», recalcó el experto.
En total, la Agencia Tributaria espera 771.265 declaraciones de la renta este año en la provincia, de las que 545.534 darán derecho a devolución, 178.043 serán positivas -el contribuyente deberá pagar-, y otras 47.688 darán como resultado cero euros, lo que se conoce como declaraciones negativas. De esta forma, Hacienda ingresará durante la presente campaña 352 millones en la provincia de Alicante, mientras que, por otro lado, deberá devolver 350 millones a quienes pagaron de más el pasado año.
