La Policía Autonómica, una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Generalitat y de competencias inciertas para la mayoría de valencianos, se ha convertido esta legislatura en una pata fundamental de la administración para pelear contra la economía sumergida.
Según el último balance, al que ha tenido acceso este diario, la unidad ha detectado más de 1.700 trabajadores sin contrato fruto de su recién estrenada actividad inspectora. Ello en apenas un año, desde que en 2018 se dio a los agentes de este cuerpo la condición de 'agentes' de inspección laboral.
Es un cambio de planteamiento de trabajo fundamental que se ha dado hace poco. La Conselleria de Economía había convertido en una de sus prioridades esta legislatura aumentar los recursos disponibles contra las actividades clandestinas. Y ante la falta de medios, ha recurrido a la Policía Autonómica.
No ha sido fácil. La propuesta obtuvo resistencias en la administración central. Tras varios años de negociaciones y desacuerdos con el Gobierno de Mariano Rajoy, en abril de 2018, la directora general, Cristina Moreno, sacaba adelante un convenio pionero en España con el Ministerio de Empleo para que la Policía de la Generalitat colabore con la Inspección de Trabajo.
Hasta la fecha, sus intervenciones de inspección en almacenes o talleres no podían ser tenidas en cuenta para imponer sanciones en material laboral. Desde la firma del convenio, son un apoyo para multiplicar las acciones contra la economía sumergida.
Además de los 1.700 trabajadores sin contrato detectados, según el balance de la actividad de la Policía autonómica contra la economía sumergida entre 2015 y 2018, se han localizado 4.215 actividades en los que se llevan a cabo irregularidades. En este sentido, la especial vigilancia a los talleres de reparaciones de automóviles pone al descubierto que en 1.017 se contraviene alguna norma. Tradicionalmente, los grupos de medio ambiente de este cuerpo se centraban sobre todo en la vigilancia de empresas que almacenaran o reciclaran residuos o contaminantes. Ahora, además, vigilan la situación de legalidad de las empresas y las condiciones de los trabajadores.
Resulta también llamativo, dentro del ámbito agrario, la localización de 169 almacenes o fruterías ilegales. El área de seguridad rural y control sobre la trazabilidad de productos hortofrutícolas es uno de los ámbitos donde más exigencia normativa tiene este cuerpo policial adscrito a la autonomía.
Las tareas de inspección de esta unidad se están desplegando en muchas áreas, desde el medio ambiente al transporte o el sector turístico. Destaca, por ejemplo, la labor de vigilancia en un ámbito que también está concentrando grandes esfuerzos de la administración, como el afloramiento de viviendas de uso turístico sin control público. Más de 1.500 apartamentos irregulares han salido a la luz como resultado de sus visitas.
Casi a título anecdótico, aunque también es una problemática que preocupa en el sector, en este tiempo se han localizado doce guías turísticos que concede la Generalitat.
La Policía autonómica también está habilitada para el control de juegos de azar, casinos, bingos, salones de juego y locales de hostelería. En este punto, se han elaborado 1.841 propuestas de sanción por juego ilegal.
Fruto de todas estas actuaciones, se ha detenido a 381 personas dentro de los operativos de la Policía autonómica.
