Los peajes por el uso de las autopistas quebradas, entre ellas la circunvalación de Alicante, bajarán una media del 30% a partir del 15 de enero, ha anunciado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien ha explicado que con esta medida prevén impulsar la utilización de estas vías y, por tanto, elevar sus ingresos.
Por otra parte, ha avanzado que de lograrse un acuerdo sobre las condiciones de aplicación del Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras (PIC), en los próximos dos o tres meses se podría sacar adelante una gran licitación en carreteras por valor de 2.500 millones.
Las autopistas quebradas son la AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo y en breve revertirá al Estado, y las ya revertidas: R-2, R-3, R-4 y R-5, conocidas como las radiales madrileñas; la AP-36, entre Ocaña y La Roda; la AP-7 Cartagena (Murcia)-Vera (Almería); la Circunvalación de Alicante y la M-12 Eje Aeropuerto.
Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley para dar cobertura legal al cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), organismo dependiente de Fomento que ha asumido la explotación de estas vías.
"Tenemos la intención, bueno lo vamos a hacer, de reducir el peaje un 30 % a partir del 15 de enero de 2019", ha dicho Ábalos en un foro organizado por El Economista, en el que ha asegurado que el objetivo es promocionar su uso y así recaudar más.
Además, permitirá mejorar la movilidad, así como aprovechar estas infraestructuras, según el ministro, quien ha añadido que confía en que esta medida sirva para avanzar en la reflexión por parte de las fuerzas políticas sobre el futuro de la financiación de las vías de alta capacidad (autovías y autopistas).
Respecto a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que habrá que abonar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría fondos que compraron su deuda, ha dicho que aún no ha sido calculada y que en el caso de que los afectados no estén de acuerdo siempre podrán recurrir.
"Vamos a cuantificar bien. A efectos de déficit ya está contabilizado", ha dicho el ministro, que ha asegurado que el Gobierno no descarta volver a licitar la gestión de estas autopistas aunque por rentabilidad y plazos serán "menos apetecibles" para los inversores.
Ha insistido en la necesidad de implicar al sector privado en la inversión en infraestructuras de transporte y, aunque ha rehusado opinar sobre cómo hacerlo, ha insistido en que por el uso de otras infraestructuras, como puertos, aeropuertos y vías, se paga.
Estas nuevas fórmulas de colaboración pública privada se anunciarán cuando las "tengamos atadas desde el punto de vista jurídico y financiero", ha aseverado Ábalos, quien ha subrayado que precisamente las deficiencias detectadas en los contratos para desarrollar el PIC, elaborado por el PP y valorado en 5.000 millones, están retrasando su puesta en marcha.
"El PIC no cumplía la Ley de Contratos y todas las actuaciones iban a computar a deuda pública. Tenía un alto coste financiero y un aplazamiento de la carga a muchos años (...). Muchos proyectos anunciados no estaban maduros", ha dicho Ábalos, quien ha asegurado que los que si estén maduros se sacarán del plan para poder llevarlos adelante.
Por ello, el próximo viernes el Consejo de Ministros licitará el correspondiente a Murcia, ha avanzado Ábalos, quien ha apuntado que se pueden obtener condiciones no lesivas para los intereses del Estado y que, de lograrse un acuerdo, se podrían poner en marcha en dos o tres meses una gran licitación de carreteras por 2.500 millones.
"Al menos, licitaremos 1.000 millones entre este mes y el que viene", ha dicho el ministro, que ha abogado por lograr un acuerdo para poder retomar un PIC "adaptado a las condiciones actuales del Estados".
Tramo Alicante-Barcelona
El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado, por su parte, el "escaso interés" del Gobierno en dar soluciones a partir de bonificaciones en la AP-7 al tráfico convencional que castiga la movilidad de numerosos núcleos valencianos. A tenor de una respuesta a preguntas de la coalición valenciana, formulada tras los meses de demora en la puesta en marcha de las bonificaciones anunciadas en agosto por el ministro de Fomento José Luís Ábalosque se comprometió a aplicar bonificaciones en el territorio valenciano como las que se dan en el catalán, Mulet ha denunciado la "desesperante lentitud y poca credibilidad" de las palabras del ministro que,"de nuevo contesta con actuaciones en abstracto y sin concretar".
La coalición recuerda que Fomento ha anunciado ya una bajada de peajes para las denominadas autopistas quebradas o rescatadas del 30% de media y una subida por segundo año consecutivo en la AP7 y el resto de autopistas dependientes de la Administración General del Estado del 1,67%, por lo que ha reclamado una igualdad en el trato.
"Es la doble vara de medir de un ministro que recuerda que nada es gratis y que algún día habrá que abordar la situación de las autopistas en nuestro país. Pero mientras toda esta pesadilla acaba, esconden hasta el último momento sus pretensiones sobre la explotación privada de los viales con medidas como las euroviñetas y se condena a los valencianos con bonificaciones tan solo para camiones en el minúsculo tramo Peñíscola-Torreblanca que palia más bien poco el déficit de infraestructuras en el País Valenciano y la peligrosidad e intensidad existente en zonas de la Marina, la Safor y el Maestrat, donde no existen alternativas a sus saturadas carreteras N-332 y N-340", ha señalado.
El Gobierno adoptó para Cataluña esta medida, despreciando, según Compromís, al territorio valenciano que sufría la misma problemática. Ante las críticas al ministro Ábalos, este prometió inminentemente aplicar la medida también para el País Valencià pero tan solo será a partir de febrero de 2019 hasta Torreblanca y para el transporte pesado, dejando al resto de territorio valenciano "olvidado".
Para el senador territorial "este anuncio en sí es un insulto a los intereses del pueblo valenciano, donde de nuevo nos dejan a la cola, nos menosprecian y no nos dan el mismo trato que a la comunidad vecina. Lo más preocupante es que el ministro se esté convirtiendo en una persona que además de traicionar los intereses del territorio que le aupó durante tantas legislaturas como diputado, esté devaluando el valor de su palabra".
