Un frente común entre la patronal de las viviendas turísticas de Alicante y la del comercio con un objetivo muy claro: luchar contra el intrusismo en el sector y, al mismo tiempo, crear sinergias entre una y otra organización para tratar de poner en valor el turismo residencial reglado por los efectos que puede tener para dinamizar los centros históricos y, por tanto, el comercio de proximidad. Ése precisamente es el objetivo que se han fijado la Asociación de Empresas Gestoras de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (ABTA) y la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme). De momento, las dos patronales ya han mantenido una primera reunión, a la que también asistieron representantes de las asociaciones de comerciantes Más que Centro, Calle Poeta Quintana y Adyacentes y el Corazón de Alicante, que, a la sazón, son las áreas de la capital de la provincia donde más han proliferado este tipo de viviendas en edificios exclusivos.
«Estamos viendo cierta demonización de los apartamentos turísticos, incluso de los reglados, y hasta se nos acusa de causar problemas de inseguridad ciudadana, pero una cosa es alquilar una vivienda a tres personas y dejar que entren 20 ó que se organicen despedidas, y otra tenerlo todo controlado, con viviendas que permiten rehabilitar edificios enteros y clientes de un poder adquisitivo medio o alto que acaban consumiendo en restaurantes y comercios de esas zonas», relata Alfredo García, presidente de ABTA, que integra a cerca de 300 viviendas gestionadas por diez empresas. Por eso, asegura Alfredo García, es tan importante impulsar alianzas con el tejido comercial de las zonas en las que se asienta el turismo residencial. No en vano, el secretario general de Facpyme, Francisco Rovira, se muestra en términos muy parecidos e incluso a modo de ejemplo cita lo sucedido en la calle San Francisco de Alicante. «La actuación urbanística ha influido, pero también los apartamentos turísticos, hasta el punto de que se ha recuperado el comercio y prácticamente no hay locales vacíos», indica Rovira.
Las cuestiones para las que han cerrado filas las tienen claras. Por un lado, y como es lógico, reivindican medidas contra el intrusismo y el clandestinaje, lo que, de forma paralela, lleva aparejada la demanda de que haya más controles. En este sentido, incluso piden que los ayuntamientos, y, en particular, la Policía Local puedan realizar inspecciones para controlar las actividades que no se ajustan a la legalidad, e intervenir hasta cuando haya clientes de viviendas regladas que se saltan lo que marca la normativa o el contrato que han suscrito. Finalmente, se muestran muy críticos con las «trabas» de la Administración respecto a las actividades que sí cumplen la normativa, tal y como indican. Particularmente molestos se muestran, de hecho, con la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que alegan que está restringiendo el acceso a esta actividad a determinados operadores.
La intención es ir manteniendo encuentros periódicos, para ir diseñando un plan con acciones conjuntas para defender sus reivindicaciones. De momento, y como primer paso, quieren reunirse con la edil de Urbanismo de Alicante, Mari Carmen de España, con el fin de exponerle la problemática a la que se enfrentan.
