El archivo de la causa penal donde se investigaban las posibles irregularidades cometidas con las subvenciones para la construcción del centro de oficios de Coepa no significa, ni mucho menos, que el futuro de este edificio esté despejado. Por el contrario, la discusión sobre quién debe asumir la titularidad de un inmueble que costó más de 6,8 millones y que permanece prácticamente en desuso desde 2012 se ha convertido en el principal escollo que complica la desaparición de la patronal, que sigue a la espera de que el juzgado apruebe su plan de liquidación definitivo.
El enredo viene de la fórmula que se escogió para ponerlo en marcha. Lo que parecía un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante -que cedió los terrenos-, la Generalitat -que aportó ayudas y un préstamo para financiarlo- y el empresariado alicantino -que lo promovió con la promesa de que los cursos de formación del Servef pagarían las deudas- se ha convertido en un nudo gordiano imposible de resolver sin que alguien salga perdiendo.
Así, el plan que el pasado mes de febrero presentó en el juzgado el administrador concursal, el abogado Luis Fernando Alonso Saura, proponía excluir el inmueble del proceso de liquidación y su traspaso al consistorio alicantino al entender que la cesión de los terrenos se había realizado de forma nominal a Coepa y con la condición de que se destinara a dar cursos formativos. Al no existir ya la patronal y permanecer cerrado el centro, el letrado considera que la concesión se da por extinguida y, por tanto, los terrenos, con todo lo que se haya construido encima, tiene que revertir al Ayuntamiento que, eso sí, debería entenderse con el IVF sobre la hipoteca del edificio, que sigue pendiente de pago y fue uno de los motivos que llevó a Coepa a solicitar el concurso.
Sin embargo, el banco de la Generalitat no está de acuerdo y, ante el temor de que el consistorio rechace pagar la deuda, presentó alegaciones para exigir que el centro de oficios se incluyera en el proceso de liquidación, lo que supondría sacarlo a la venta con el objeto de ver si alguien puja por él -algo difícil, dado que, pase lo que pase, deberá volver a manos municipales al fin de la concesión, en el año 2031- o, en todo caso, adjudicárselo. En este último caso, debería buscar algún ente u organismo que se hiciera cargo del inmueble e impartiera formación. Se habló de la posibilidad de que se convirtiera en un centro del Servef pero hasta la fecha no ha trascendido ningún acuerdo entre Consellerias que posibilite esta opción.
Quien sí ha dado un primer paso para buscar una solución política al problema ha sido el nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala, que planteó un acuerdo para la reversión anticipada del inmueble al consistorio en su primera reunión con el presidente Ximo Puig.
Más allá de esto, el administrador concursal de Coepa ya ha advertido que la venta de los bienes que tenía la patronal resultarán insuficientes, incluso, para pagar los créditos contra la masa. Y es que la organización empresarial solo tenía en propiedad unos cuantos muebles de oficina -por los que no se espera obtener prácticamente nada- y unos pocos cuadros. La única esperanza para obtener una cantidad significativa es el cobro de un crédito pendiente de la Ceoe que, sin embargo, la patronal española discute y rechaza pagar.
