Los representantes legales de Coepa y de su exsecretario general Javier López Mora han presentado en el juzgado un requerimiento para que el Servef deba pronunciarse expresamente sobre si quiere continuar con la querella que presentó por el supuesto fraude en subvenciones cometido en la construcción del centro de oficios de la patronal o, por el contrario, decide retirarla. La petición se produce después de que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) reconociera en un escrito que no concedió ninguna ayuda pública a la organización empresarial y que el crédito que aprobó para financiar las obras del edificio se regía exclusivamente por la legislación mercantil, tal y como avanzó el pasado martes este diario.
A juicio de los letrados, este reconocimiento por parte del banco de la Generalitat desmonta el principal argumento de la demanda que, entre otras cosas, se basaba en la incompatibilidad de recibir dos subvenciones públicas con la misma finalidad, al entender como tales las ayudas que concedió el Servef y el citado préstamo del IVF. Sin embargo, una vez que este último organismo ha aclarado que no concedió subvención alguna, sino únicamente un crédito mercantil, la defensa considera que no habría motivos para continuar con la causa por lo que solicita al juzgado que requiera al Servef un pronunciamiento sobre si desea continuar o no con la instrucción. La respuesta debería llegar antes de este mediodía , con lo que podrían evitarse las declaraciones previstas para mañana, en las que están citados como investigados el propio López Mora y los expresidentes de la patronal Joaquín Rocamora y Modesto Crespo, además de los exresponsables del Servef Luis Lobón y Joaquín Gironés, que declararán como testigos.
No obstante, de momento todas ellas se mantienen ya que ayer no se había recibido todavía ninguna respuesta, según confirman fuentes judiciales. Además, todo parece indicar que la Abogacía de la Generalitat querrá mantener viva la causa, que ya obligó a reabrir después de que inicialmente se archivara por la prescripción de los supuestos delitos. Para lograrlo señaló que se podría haber cometido estafa agravada, un ilícito que no prescribe hasta los diez años.
Fue la entonces secretaria autonómica de Economía María José Mira quien en agosto de 2016 presentó una denuncia en los tribunales para que se investigara el posible fraude en subvenciones cometido en la construcción del centro de oficios de Coepa al considerar que se habían destinado dos ayudas pública para financiar los mismos trabajos ya que se detectó que se habían utilizado las mismas facturas tanto para justificar la disposición de fondos del crédito del IVF, como las subvenciones recibidas del Servef. Además, señalaba que la suma de estas facturas sólo sumaba 4,77 millones cuando el importe total recibido por la patronal ascendía a 6,8 millones, por lo que, según el escrito, se desconocía el destino de casi dos millones de euros.
La versión de la patronal
Desde la patronal siempre han defendido que se trata de un error del propio Servef, que solo ha tenido en cuenta las facturas de una de las compañías que participaron en la construcción del centro, las de CHM. Igualmente, aseguran que el uso de las mismas facturas se debe a que, para recibir las subvenciones, debían demostrar que las obras estaban pagadas, lo que hacían con el dinero del crédito que, una vez recuperado, volvía a invertir en una nueva fase de la obra. También sostienen que no existía incompatibilidad alguna entre el crédito del IVF y las ayudas del Servef.
