El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) podría haber dado, sin desearlo, un auténtico balón de oxígeno a las defensas de los antiguos responsables de Coepa en la causa que investiga si la desaparecida patronal alicantina cometió fraude en subvenciones y apropiación indebida durante la construcción de su centro de oficios. En un escrito en el que contesta a un requerimiento de información formulado desde el juzgado, en el que se pedía al organismo público que se remitieran las facturas de las subvenciones que hubiera concedido a la organización empresarial, el banco de la Generalitat aclara que no ha otorgado ninguna ayuda pública a Coepa y que el préstamo que le dio para financiar las obras se regula exclusivamente por la legislación mercantil.
Unas afirmaciones que en otro contexto hubieran sido completamente inocuas -de hecho, el IVF parece hacerlas como una mera corrección al enunciado del requerimiento que le remiten desde el juzgado- pero que, en este caso, puede suponer una ayuda para los investigados, que siempre han defendido la compabitilidad de este préstamo con las subvenciones que Coepa también recibió del Servef con la misma finalidad. En este sentido, hay que recordar que uno de los principales argumentos de la querella presentada por este último organismo era, precisamente, que la patronal se había beneficiado de ayudas de dos fuentes públicas distintas para el mismo objetivo, lo que sería contrario a la ley. Algo que ahora quedaría en entredicho con las afirmaciones contenidas en este escrito o, al menos, así lo interpretarían los letrados de la defensa.
Por su parte, las fuentes del IVF consultadas por este diario aseguraron que el brazo financiero del Consell se ha limitado a aclarar que su actividad consiste en conceder créditos y no en otorgar ayudas, y señalan que lo importante es dilucidar si el dinero fue empleado correctamente o si se produjo desvío de fondos, como también se asegura en la querella inicial, que cifra en unos dos millones de euros el dinero del que se desconocería su destino.
En concreto, la denuncia firmada por la entonces secretaria autonómica de Economía María José Mira apuntaba que la suma del importe del crédito y de las ayudas concedidas por el Servef ascendían a más de 6,8 millones de euros, cuando sólo se habían aportado facturas de trabajos por valor de 4,77 millones y, además, se habían presentado por duplicado los mismos albaranes para justificar la disposición de fondos del préstamo y el cobro de las subvenciones.
Desde la patronal siempre se ha argumentado que esto se debe a que la denuncia sólo tuvo en cuenta las facturas del contratista principal -la compañía del expresidente de Coepa y financiador confeso del PP Rafael Martínez Berna, de CHM- y no las del resto de compañías que participaron en el proyecto. Del mismo modo, también han defendido que el uso de las mismas facturas se debe a que, para recibir las subvenciones, debían demostrar que las obras estaban pagadas, lo que hacían con el dinero del crédito que, una vez recuperado, volvían a invertir en una nueva fase de la obra.
En el escrito remitido ahora por el IVF, el organismo público se limita a señalar que Coepa fue aportando facturas de certificaciones de obra a medida que disponía de los fondos, sin ir más allá.
Declaraciones
En cualquier caso, todo esto es lo debe dilucidar ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, que este viernes ha citado en calidad de investigados a los expresidentes de Coepa Modesto Crespo y Joaquín Rocamora y al exsecretario general de la organización Javier López Mora. Igualmente, también prestarán declaración como testigos dos responsables del Servef, Luis Lobón y Joaquín Gironés.
