La Audiencia Nacional ha suspendido esta mañana el juicio por las preferentes de la CAM a López Abad y Amorós al retirarse las acusaciones. La suspensión se produce después del anuncio por parte de Diego de Ramón de la retirada de la acusación popular y la particular que representaba a 800 compradores de preferentes. Adicae, con 700 socios, también ha retirado la acusación particular que ejercía aunque mantiene la popular.
El tribunal tiene que decidir ahora si aplica la doctrina Botín, es decir, si sin haber perjudicados la acusacion popular está legitimada para mantenerse en el proceso. La vista oral se ha suspendido sine díe aunque es previsible que la sala no tarde mucho en dictar el auto en el que resuelva si continua el procedimiento o, como todo parece apuntar, que se archive.
El presidente de Adicae Manuel Pardos ha admitido esta mañana a las puertas de la Audiencia Nacional que los perjudicados por las preferentes han sido compensados por el Sabadell. Pardos ha asegurado que "busca un reproche penal para los responsables de haber hundido las cajas", y a continuación ha precisado que la sociedad merecía una explicación y un resarcimiento por el "inmenso fraude de las preferentes".
Siguiendo indicaciones
Las acusaciones que representaban Diego de Ramón y Adicae y que han retirado esta mañana, sostenían que «los empleados de la caja, siguiendo las expresas indicaciones adoptadas por los órganos directivos dirigidos por Roberto López Abad y María Dolores Amorós, mintieron deliberadamente a sus clientes quienes, como consecuencia del citado engaño, adquirieron un producto que por su perpetuidad y falta de liquidez no era en absoluto idóneo para su perfil ni el adecuado para a finalidad perseguida», según recoge Adicae en su escrito.
Ambas acusaciones afirmaban que fue la necesidad de obtener liquidez unido al «ánimo de lucro» lo que motivó que, «previo engaño, miles de ahorradores se hayan convertido sin saberlo primero en inversores y después en accionistas cuando jamás pensaron ni decidieron conscientemente ser ni una ni otra cosa», concretan.
Aunque la magistrada Carmen Lamela, instructora de esta causa, archivó la parte relativa a las participativas (inicialmente dentro este mismo proceso), Adicae llama la atención sobre el «paralelismo abrumador» entre las cuotas y los productos objeto del juicio: «La agresividad en su venta y la ocultación de su naturaleza (...) con el único fin del paliar la galopante descapitalización de la CAM».
Hasta seis emisiones
La caja de ahorros llegó a tener en circulación hasta seis emisiones de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes por un importe conjunto de más de 1.600 millones de euros, aunque la que resultó realmente problemática y la de mayor importe fue la que se realizó en 2009, las Preferentes Serie C.
Como hicieron casi todas las entidades españolas, en plena crisis y necesitada de liquidez, la caja alicantina colocó entre sus clientes 850 millones de euros en estos títulos, unos valores de deuda perpetua (es decir, sin plazo de vencimiento) y que, supuestamente, debían fluctuar libremente en el mercado, cosa que la mayoría desconocía al contratarlos.
Para animarles a aceptar la compra, la CAM ofrecía una rentabilidad del euríbor más el 5,9%, lo que ocasionó que algunos titulares de emisiones anteriores exigieran un canje y obligó a la caja a colocar los valores menos rentables a nuevos clientes, lo que agrandó la bola, tal y como recoge la propia juez Lamela en otro de sus autos, en base a los informes que le pasó la CNMV, que también ratificó que muchos de los compradores carecían del perfil adecuado para adquirir estos valores.
