Los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, se sientan de nuevo a partir del miércoles ante el mismo tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional que hace algo más de un año les juzgó, junto a otros exresponsables de la caja, por el falseo de las cuentas de la entidad. Una sala que condenó a ambos, además de a otros dos acusados, a tres años de prisión en una sentencia que en estos momentos sigue pendiente de revisión por el Supremo.
En esta ocasión los dos exaltos directivos se enfrentan a una petición de diez años de cárcel por los delitos de estafa, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas en relación a la emisión de preferentes y deuda subordinada por un importe total de más de 1.600 millones. Un proceso, el primero que se celebra por estos productos en nuestro país, en el que la Fiscalía no acusa. Únicamente lo hace el abogado murciano Diego de Ramón en nombre de los perjudicados personados y la asociación de usuarios de banca Adicae.
Unas acusaciones particulares que comparten argumentos y que tratarán de probar ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo que en la comercialización de las preferentes, que compraron alrededor de 75.000 cliente de la caja, «se ocultó deliberadamente las características reales de las mismas» en cuanto a la «complejidad del producto» y su «elevado riesgo» porque, en caso contrario, «jamás hubiesen sido adquiridas».
«Indicaciones expresas»
Para ello, los empleados de la CAM, «siguiendo las expresas indicaciones adoptadas por los órganos directivos dirigidos por Roberto López Abad y María Dolores Amorós, mintieron deliberadamente a sus clientes quienes, como consecuencia del citado engaño, adquirieron un producto que por su perpetuidad y falta de liquidez no era en absoluto idóneo para su perfil ni el adecuado para a finalidad perseguida», sostiene Adicae.
Ambas acusaciones afirman que fue la necesidad de obtener liquidez unido al «ánimo de lucro «lo que motivó que, «previo engaño, miles de ahorradores se hayan convertido sin saberlo en, primero en inversores y después en accionistas cuando jamás pensaron ni decidieron conscientemente ser ni una ni otra cosa», concretan.
Aunque la magistrada Carmen Lamela, instructora de esta causa, archivó la parte relativa a las participativas (inicialmente parte de este mismo proceso) Adicae llama la atención sobre el «paralelismo abrumador» entre las cuotas y los productos objeto del juicio: «la agresividad en su venta y la ocultación de su naturaleza (...) con el único fin del paliar la galopante descapitalización de la CAM».
Emisiones
La caja de ahorros llegó a tener en circulación hasta seis emisiones de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes por un importe conjunto de más de 1.600 millones de euros, aunque la que resultó realmente problemática y la de mayor importe fue la que se realizó en 2009, las Preferentes Serie C.
Como hicieron casi todas las entidades españolas, en plena crisis y necesitada de liquidez, la caja alicantina colocó entre sus clientes 850 millones de euros en estos títulos, unos valores de deuda perpetua (es decir, sin plazo de vencimiento) y que, supuestamente, debían fluctuar libremente en el mercado, cosa que la mayoría desconocía al contratarlos.
Para animarles a aceptar la compra, la CAM ofrecía una rentabilidad del euríbor más el 5,9% lo que ocasionó que algunos titulares de emisiones anteriores exigieran un canje y obligó a la caja a colocar los valores menos rentables a nuevos clientes, lo que agrandó la bola, tal y como recoge la propia juez Lamela en otro de sus autos, en base a los informes que le pasó la CNMV, que también ratificó que muchos de los compradores carecían del perfil adecuado para adquirir estos valores.
La vista oral se ha fijado en siete sesiones y está previsto que finalice el 25 de julio. Pero su inicio, (iba a comenzar el lunes 2 en vez del miércoles 4) fue preciso modificarlo al coincidir con el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Alicante por el cobro indebido por parte del expresidente de la CAM Modesto Crespo de 600.000 euros, tal y como él mismo ha admitido. Una causa en la que López Abad también está siendo juzgado enfrentándose a una petición de cuatro años de cárcel por un delito de administración desleal.
