La economía de la Comunidad Valenciana ha mejorado en el último año. En 2017 creció un 3,2%, por encima de la media nacional, situada en el 3,1%, debido a «una demanda interna sólida, que ha favorecido la creación de empleo, lo que, a su vez, ha incentivado el consumo privado», según destaca el último informe del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CES-CV). Buenos datos para después de un largo periodo de crisis, pero que en el desarrollo de la «Memoria sobre la Situación Socieconómica y Laboral de la Comunidad Valenciana 2017» presentada ayer por esta institución quedan matizados por la evolución de otros indicadores como los del desempleo o las condiciones de vida de los hogares. De hecho, el mismo informe advierte de que esta mejoría es «relativa» porque «no es lineal, ya que no se produce en todos los aspectos, ni siempre llega a toda la población».
Una de cal y otra de arena. Porque el Comité recuerda que aún hay más de 400.000 personas sin trabajo en la Comunidad, la mitad de ellas sin prestaciones. Y que, aunque la tasa de paro ha bajado al 18,2%, aún es superior a la media estatal del 17,2%, además de que los niveles de desempleo de los menores de 25 años, las mujeres, los desocupados de más de 45 años y los parados de larga duración todavía son altos, por lo que considera «necesario intensificar las políticas activas de empleo» no sólo para impulsar la creación de puestos de trabajo, sino también para favorecer «la inserción laboral de estos colectivos más afectados por el paro», incide el informe.
Otra de las advertencias que lanza la Memoria del CES-CV en el apartado laboral se centra en la contratación temporal, que, además, «afecta más a las mujeres». Unas circunstancias que trasladadas al ámbito familiar se traducen en «una disminución de sus ingresos, elevando los índices de pobreza», explica el informe, que este año, por primera vez, introduce datos sobre la pobreza energética.
Esta es una situación en la que «un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda», se explica en la Memoria. En el caso de las familias de la Comunidad que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada -es decir, que tienen que prescindir de calefacción por el exceso de gasto que supone- el porcentaje se eleva hasta el 20,9% (con datos de 2016), más del doble de la media estatal del 10,2%. Un dato «trágico» de pobreza energética porque las familias «no tienen dinero para pagárselo» y que el CES-CV ha querido incorporar a esta Memoria, según declaraciones a Europa Press del presidente del Comité, Carlos Luis Alfonso Mellado.
En la comparativa con otras zonas, el de la Comunidad es el nivel más alto entre las autonomías españolas. En Murcia, el número de hogares que sufren pobreza energética supera el 19%; en Melilla, el 18% y en Cantabria, del 17%. Además, el porcentaje se ha duplicado en la Comunidad en relación al 10,5% que representaba en 2013, de acuerdo con las tablas publicadas en la Memoria.
Retrasos en los pagos
Otro indicador tenido en cuenta para medir el nivel de pobreza energética de las familias es el que refleja a aquellas que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, ya sea la hipoteca, el alquiler, recibos de gas, luz o agua, así como los de la comunidad de propietarios, entre otros. En la autonomía el 10,1% de los hogares se encuentra en esta situación, lo que la sitúa 1,7 puntos por encima de la media estatal (8,4%), «ocupando el quinto lugar con peores registros por autonomías, y el séptimo si se incluye a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla», incide el informe. No obstante, en este caso, la situación ha mejorado con relación al año 2013, cuando el porcentaje de familias que acumulaban retrasos en los pagos relacionados con la vivienda era del 11,6%.
Protección social
Los datos de este subapartado del informe llevan al Comité a considerar «urgente y necesaria» la aplicación de políticas de protección social «que combatan las desigualdades sociales» y que las administraciones habiliten los «recursos necesarios para atender a todos aquellos sectores de la población en peligro de exclusión social, y de manera especial a los mayores y a la población infantil». En este sentido, el CES-CV valora la creación de la Renta Valenciana de Inclusión, «que amplía y mejora las prestaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía».
Además de las condiciones de vida de los hogares, el CES también hace hincapié en la «deficiente financiación de nuestra Comunidad por parte del Estado», así como de las inversiones públicas. Una situación de infrafinanciación que ha lastrado el crecimiento de la economía autonómica. La institución reclama al nuevo Gobierno una «financiación adecuada», y cree que, de haberla tenido, su avance habría sido superior al 3,2%.
