Los juzgados especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas no dejan de acumular trabajo en la provincia. Aunque el ritmo de entrada de nuevas demandas ha bajado notablemente en los últimos meses, lo cierto es que el número de reclamaciones ingresadas desde su creación ha sido muy superior al que este organismo ha sido capaz tramitar, lo que ha provocado que al cierre del primer trimestre tuvieran sobre la mesa nada menos que 6.727 demandas pendientes de resolver.
Un auténtico atasco que lleva a que, por ejemplo, existan denuncias presentadas a finales del año pasado que a día de hoy todavía no han sido proveidas, es decir, ni siquiera se ha iniciado su tramitación, según apuntan algunos abogados especializados consultados por este diario, como Pedro Pérez, de Pérez Cortés Abogados. Eso sí, está por ver si los refuerzos que la Justicia ha incorporado en la provincia logran agilizar la situación o si la bola de nieve continúa haciéndose más grande.
De momento, el balance realizado por el Consejo General de Poder Judicial no invita demasiado a la esperanza. Durante sus primeros diez meses de existencia, estos organismos especializados recibieron en la provincia 7.208 reclamaciones, tanto de cláusulas suelo propiamente dichas, como reclamaciones de gastos y otras condiciones consideradas abusivas en las hipotecas. Sin embargo, en el mismo tiempo, hasta el 31 de marzo de 2018, tan solo lograron resolver 481 asuntos y sólo 360 de ellos mediante sentencia, lo que indica que el resto se cerró por acuerdo entre las partes o desistimiento del demandante.
Eso sí, en la inmensa mayoría de los casos los jueces han dado la razón a los afectados. Así, en el primer trimestre del año hasta el 90,6% de las sentencias fueron estimatorias, una cifra que ascendió al 94,8% en los tres meses anteriores, según las mismas fuentes.
De uno a tres
Fue en junio del año pasado cuando el Consejo del Poder Judicial aprobó la puesta en marcha de un juzgado especializado en cláusulas abusivas de las hipotecas en Alicante, con la creación de un juzgado de refuerzo, el Juzgado de Primera Instancia Cinco bis, que acumularía las demandas por este motivo de toda la provincia. Pronto empezaron a llegar las reclamaciones a centenares, por lo que los magistrados empezaron a pedir refuerzos.
Hasta el mes de diciembre del año pasado, no se produjo la respuesta del Poder Judicial a esta petición, que optó por un cambio de modelo. El juzgado de Primera Instancia cinco de Alicante pasaba a asumir las demandas por cláusulas suelo, al tiempo que se mantenía el ya creado.
El problema es que, en un primer momento, se decidió que un 25% de las demandas que recibía siguiera siendo del resto de procedimientos civiles. Hasta el mes de marzo no logró la exclusividad, tras las protestas de los magistrados alicantinos con esa decisión, ya que el de Alicante era uno de los pocos juzgados que no iba a dedicarse al 100 por 100 a las hipotecas, junto a los de Extremadura y el de Asturias, a pesar de que era uno de los que tenía mayor carga de trabajo. Sin embargo, el magistrado aún no se puede dedicar a las demandas hipotecarias al completo, ya que tiene que resolver el resto de pleitos civiles que quedaron pendientes de resolver en su juzgado antes de la reconversión.
Resoluciones del Supremo
Desde abril, se cuenta con un tercer juez de refuerzo que contribuirá a agilizar el ritmo de los señalamientos. Fuentes judiciales señalaron que tras la sentencia del Supremo que avala que el banco pueda cargar al cliente los impuestos de la hipoteca, así como que la entidad pueda renegociar una clausula suelo con el cliente a cambio de que éste no demande están provocando un frenazo en la entrada de demandas en los últimos meses, que podría aliviar la situación.
Sin embargo, el alivio podría durar poco ya que los bufetes han encontrado un nuevo caballo de batalla para actuar contra los bancos: las comisiones de apertura, según explica Pedro Pérez. Diversas sentencias han avalado que los consumidores puedan reclamar la devolución de esta comisión al entender que no responde a ningún servicio efectivamente prestado por el banco o que, en todo caso, se trata de un trabajo -estudiar la solvencia del cliente- que solo beneficia a la entidad.
