13 de junio de 2018
13.06.2018

«Modesto Crespo podía ser un filón como relaciones públicas y venía muy apoyado por Camps»

El asesor jurídico de la CAM defiende el nombramiento y el sueldo del ilicitano como presidente de la participada Tinser

13.06.2018 | 01:29
El exasesor jurídico y exsecretario de actas del consejo de la CAM, Juan Martínez Abarca.

Lo justifica por su «prestigio empresarial» y sus relaciones con el Consell. Juan Martínez-Abarca asegura que el consejo de administración sí aprobó las dietas y sostiene que eran «legales».

Compareció a petición de la Fiscalía pero podría haberlo hecho como testigo de la defensa de Roberto López Abad. El que fuera asesor jurídico y secretario de actas del consejo de administración de la CAM, Juan Martínez-Abarca, respaldó ayer casi punto por punto las tesis defendidas por el exdirector general de la entidad durante su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por las dietas de 600.000 euros que se embolsó el expresidente de la caja Modesto Crespo, a través de la participada Tinser. Es decir, aseguró que las remuneraciones de Crespo eran totalmente legales; que fueron aprobadas por el consejo y que no eran una compensación por su cargo como presidente de la CAM -lo que hubiera sido contrario a la ley-, sino que respondían al trabajo que se esperaba que realizara al frente de esta sociedad, basándose en su «prestigio empresarial» y sus contactos con la Generalitat.

De esta forma, Martínez-Abarca contradijo claramente la versión que defienden la mayoría de los antiguos consejeros de la caja, que sostienen que la cuestión de las remuneraciones nunca se trató en el consejo y que el acta que afirma lo contrario fue falseada. Hasta 19 de estos consejeros, además del citado López Abad y el propio Modesto Crespo están acusados de apropiación indebida por este caso, por el que la Fiscalía les solicita penas que van de los dos a los cuatro años de cárcel. En este sentido, cabe recordar que Crespo ya llegó a un acuerdo con el Ministerio Público antes de iniciarse el juicio oral en el que aceptó declararse culpable a cambio de una rebaja de pena hasta los nueves meses.

La comparecencia de Juan Martínez-Abarca era una de las más esperadas al tratarse de la persona que, supuestamente, redactaba las actas. Sin embargo, el letrado aclaró al inicio de su comparecencia que la figura del secretario de actas «era un mero auxiliar del secretario titular» y que era a éste -un cargo ocupado por José Forner, también acusado- y al presidente de la caja a quienes correspondía confeccionar y aprobar este documento, y que él se limitaba a seguir sus indicaciones. No obstante, defendió que el acta del consejo del 27 de noviembre de 2009 era correcta y aseguró recordar nítidamente que, tanto el nombramiento de Modesto Crespo como presidente de la participada Tinser, como la remuneración de 300.000 euros anuales que iba a cobrar se aprobaron en el consejo de administración de ese día. «Fue en las postrimerías del consejo, en el punto 8», afirmó.

Olvidos y ausencias

Al ser preguntado por el motivo por el que la mayoría de los consejeros no recordaba la aprobación de las dietas, el asesor jurídico dio hasta tres posibles razones. Así, señaló que una parte de los consejeros no se enteraban porque «les venía grande» el cargo, en alusión a la falta de preparación financiera de algunos de ellos, sobre todo los elegidos por la cuota de los impositores. También apuntó que era lógico que algunos lo hubieran olvidado porque la instrucción del caso comenzó cinco años después de producirse la reunión; y, por último, señaló que eran frecuentes los «abandonos de sesión», es decir, que algunos consejeros se marcharan antes de acabar el consejo.

Del mismo modo, vino a decir que también era normal que tampoco se enteraran del sueldo de Crespo cuando se leyó la reseña del acta en el siguiente consejo porque los consejeros aprovechaban ese momento para «saludarse» y no le prestaban atención.

También tuvo explicación para justificar que en el acta la cuantía de las dietas de Crespo apareciera en el punto 4 -el de propuestas del director general- en lugar del punto 8, cuando realmente se informó del asunto, según su versión. Martínez-Abarca señaló que fue una decisión del secretario, José Forner, quien insistió en ponerlo en el apartado correspondiente a las propuestas del director general ya que era éste quien había dado la información, aunque lo hubiera hecho interrumpiendo la explicación del director general de Empresas Participadas, Joaquín Meseguer, en el punto 8. Un cambio al que no le dio importancia y que consideró que no desvirtuaba el acta.

Sin limitación

Además, el que fuera responsable de los servicios jurídicos de la caja insistió repetidamente en que las dietas eran «completamente legales». Según relató, aunque inicialmente, en 1999, se prohibió que los consejeros pudieran cobrar por su pertenencia a los consejos de las filiales una suma superior a la que les correspondía por asistencia al consejo de la CAM, esta limitación se levantó en 2005 a la vista de que no existían en otras cajas y de la responsabilidad que asumían los consejeros. Para ello, aseguró, se consultó con el Instituto Valenciano de Finanzas, que únicamente puso como condiciones que se solicitaran informes externos y que la remuneración estuviera dentro de las cifras que se manejaban «en el mercado».

En cuanto a Tinser, el asesor jurídico señaló que fue el propio Modesto Crespo, cuando asumió la presidencia de la CAM, el que optó por abandonar Incomed -la filial de la que formaba parte- y pidió dedicarse «en exclusiva» a esta otra participada que se iba a relanzar para apoyar a las pymes, un mundo que «él conocía mejor». En esta línea, defendió que siempre pensó que Crespo iba realmente a desempeñar un trabajo efectivo en la sociedad y que se le iban a pedir resultados. «Era un hombre que venía con una aureola de ser buen relaciones públicas y con mucho prestigio empresarial, sobre todo en el sector pyme, y también venía muy, muy apoyado por (Francisco) Camps», recalcó, antes de recordar que la Generalitat «ejercía un tremendo poder dentro de la caja».

Así, para Martínez-Abarca, el ilicitano «podía ser un filón como relaciones públicas» para la entidad, una afirmación que despertó las risas de muchos de los consejeros. De igual forma, el letrado tampoco vio nada extraño en que el sueldo se le pagara de forma retroactiva desde el mes de junio, algo que, según apuntó, no es inusual cuando «se ficha» a alguien.

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