Como un trabajador abnegado dibujó ayer el exdirector general de la CAM Roberto López Abad al que fuera el último presidente de la caja y el único que ha percibido una remuneración en la historia de la entidad, Modesto Crespo, motivo por el que se está juzgando a ambos y a los 19 miembros del consejo de administración que aprobó que se le pagara 600.000 euros en dos años por no hacer nada.

Así lo reconoció ayer el empresario de Elche ante el tribunal que preside el magistrado Javier Martínez Marfil en una comparecencia de apenas un minuto. Crespo, quien se negó a responder a nadie que no fuera el fiscal, se limitó a ratificar el acuerdo alcanzado con Anticorrupción por el que asume que es culpable de un delito de apropiación indebida, además de devolver lo cobrado indebidamente en tres años. Ello a cambio de una rebaja de cuatro años a nueve meses de prisión en la petición de pena , con lo que se asegura que no entrará en la cárcel, y de 120.000 a 9.000 euros la multa.

Tras el minuto de Crespo y la comparecencia del también acusado Aniceto Benito, que se acogió a su derecho a no declarar, la de López Abad se prolongó durante casi cinco horas. El exdirector general, que se enfrenta a la misma petición que Crespo antes del pacto como cooperador necesario, se refirió al nombramiento del empresario al frente del consejo de Tinser como a la contratación de un alto ejecutivo al que se le fichó previa postulación del interesado, precisó, para dedicarse «en cuerpo y alma» a relanzar esta participada de la CAM dedicada a la inversión en pequeñas y medianas empresas. Para ello, abundó, dejó sus cargos en las organizaciones empresariales, puso sus negocios en manos de sus hijos y hasta «iba todos los días a la caja, lo que no hacía el anterior presidente», recalcó.

López Abad ensalzó las dotes profesionales de Crespo, que ante el tribunal de la Audiencia Nacional se presentó como poco menos que un florero y quien en el relato de hechos pactado con el fiscal eliminó que el exdirector general fuera el ideólogo del plan para que cobrara las supuestas dietas, como sostiene la acusación pública. Mientras, la mayoría de los exconsejeros acusados de dar luz verde a estos pagos no podían verse quietos en sus asientos.

Un baile de San Vito que se hizo más evidente cuando el penúltimo director general de la CAM aseguró que, en contra de lo que mantiene la mayoría de los consejeros, «todo ocurrió tal cual está expuesto en el acta». Es decir, que a aquel consejo del 27 de noviembre de 2009 no sólo se llevó el nombramiento de Crespo sino también la remuneración de 300.000 euros al año y el pago de los primeros seis meses con carácter retroactivo. Un detalle que ayer aseguró que se «olvidó» de mencionar a la comisión de retribuciones, órgano que dio inicialmente el visto bueno a la propuesta, pero del que después él informó «oralmente» al consejo.

El acusado insistió en la diferencia en cuanto a los límites existentes entre las remuneraciones a los consejeros generales y a los de las sociedades participadas , se refirió a las dietas como a algo «arcaico y obsoleto» y precisó que las retribuciones en la CAM siempre estaban por debajo de las que se pagaban en el mercado. Aún así, admitió que era «la primera vez que se planteaba un emolumento a un presidente por estar en una participada, por eso se llevó al consejo», apostilló.

¿Transparencia?

A preguntas de las defensas, el acusado no supo concretar por qué si se buscaba transparencia al someter el acuerdo al consejo no se trasladó a la asamblea general y a la opinión pública, recalcó que quien tenía «todos los poderes en la caja» era este órgano y recordó que los consejeros «estaban informados de cuál era la operativa y cómo se podía impugnar un acuerdo», en clara alusión a que podían haberlo hecho al verlo reflejado en el acta si, como sostiene la mayoría desde que comenzó este proceso, la cuestión de la remuneración se introdujo después sin que hubiera pasado por el consejo.

Cuestionado por la acusación particular/popular, López negó que la CAM creara más de un centenar de empresas participadas para eludir el control del Banco de España sobre las inversiones.

El juicio sigue hoy con las declaraciones de los exvicepresidentes.