El que fuera uno de los mayores gigantes inmobiliarios de la provincia durante la época del «boom», el Grupo Santa Ana, pierde otra de sus empresas. El administrador concursal va a solicitar al juzgado en los próximos días la subasta pública de los bienes de Consorcio de Promoción y Vivienda de Alicante (Coprovi) -la mayor promotora y antigua cabecera del grupo- después de que la firma entrara en liquidación en febrero del año pasado y de que nadie haya realizado una oferta significativa por los terrenos y edificaciones que posee durante el periodo de venta directa.
De esta forma, Coprovi seguirá el mismo camino que antes realizaron otras firmas del grupo, como Denia 76 Gestión Empresarial o Consorcio Empresarial San Vicente Sur -la promotora de la Villa Universitaria de San Vicente, también en liquidación-, con lo que el conglomerado inmobiliario habrá perdido la mayor parte de sus activos. No obstante, su presidente, Juan Antonio Iniesta, aseguró ayer a este diario que aún dispone de sociedades saneadas con las que prepara nuevos proyectos para retomar la actividad.
En el caso de Coprovi, la compañía entró en concurso de acreedores en mayo de 2011, tras haber protagonizado uno de los crecimientos más espectaculares del sector inmobiliario alicantino durante los años de la burbuja, que le llevaron a abrir delegaciones en Valencia, Castellón, Murcia y Andalucía. Al contrario que otros gigantes del ladrillo, que ya no consiguieron levantar cabeza, la promotora de Santa Ana logró que los bancos aceptaran el plan de viabilidad que les propuso -que establecía el pago de la deuda acumulada en un plazo de nueve años-, lo que le permitió salir temporalmente de la situación de concurso en 2012.
Fusiones bancarias
Las previsiones económicas nunca se cumplieron, los ritmos de venta y de construcción fueron mucho más lentas de lo que contemplaba el documento y los bancos tampoco quisieron apoyar con más dinero los proyectos. Entre otras cosas, porque la mayoría de entidades que originariamente le habían concedido la financiación -CAM, Bancaja o Caja Madrid- desaparecieron absorbidas por otros bancos. La situación se agravó aún más con el traspaso de buena parte de los créditos a la Sareb.
Así las cosas, los gestores de Coprovi decidieron solicitar voluntariamente su liquidación en febrero del año pasado para no incurrir en responsabilidades, una vez que quedó claro que no podrían cumplir con lo establecido en el citado convenio de acreedores.
Desde ese momento empezó a correr el plazo previsto en la normativa para que la administración concursal intentara la venta directa de los activos, que concluyó sin éxito a finales del pasado mes de diciembre. Ahora, según las fuentes consultadas, el administrador tiene previsto solicitar al juez que inicie la siguiente etapa del proceso concursal y que saque a subasta los bienes con que cuenta la promotora. Entre sus activos están los terrenos para desarrollar un plan parcial de alrededor de un millar de viviendas en Tibi, además de diversas promociones en varios grados de ejecución en Algeciras, El Campello, Benissa o Vinaroz, entre otras ubicaciones. Unas propiedades valoradas en su conjunto en unos 54 millones de euros, según los informes de la administración concursal.
Frente a esta cantidad, la deuda actual de la promotora asciende a unos 182 millones de euros, repartida entre más de un centenar de acreedores. No obstante, los bancos se llevan el grueso de esa cantidad, con alrededor de 115 millones. Además de la Sareb y el Banco Sabadell, la firma también debe dinero a BBVA, Popular o Ibercaja, que muy probablemente acabarán repartiéndose estos bienes si no llega una oferta que les convenza, una prerrogativa que poseen al tratarse de préstamos con garantía hipotecaria, según marca la legislación.
