Los empresarios alicantinos han decidido rebajar el tono del enfrentamiento que mantienen desde hace semanas con sus homólogos valencianos a cuenta de la reforma de la patronal autonómica Cierval, que los patronos del «Cap i casal» pretendían aprovechar para reducir el poder de las organizaciones provinciales. Tras los duros cruces de acusaciones que se produjeron en el anterior comité ejecutivo -que siguieron en los días siguientes en los medios de comunicación-, los representantes de Coepa optaron ayer por no tensar más la cuerda y permitieron la aprobación de las cuentas del año pasado, que habían amenazado con tumbar con la ayuda de los empresarios castellonenses.
Sin embargo, finalmente los alicantinos cambiaron su voto en contra por una abstención para evitar que este gesto supusiera la ruptura de todos los puentes con los valencianos. Eso sí, dejaron claro que el voto definitivo, el que debe producirse en la próxima asamblea general de Cierval, estará condicionado a que, para entonces, se haya logrado pactar un plan de viabilidad que convenza a todos. Algo complicado si se tiene en cuenta que Coepa quiere una solución global para el conjunto de patronales de la Comunidad Valenciana que, entre otras cosas, le ayude a salir del concurso de acreedores en que se encuentra inmersa.
Por su parte, el presidente de Cierval, José Vicente González, también quiso acercar posturas y, tras destacar la urgencia de reformar la patronal autonómica para evitar que también entre en concurso -el año pasado cerró con 905.000 euros de pérdidas y unos fondos propios negativos de 515.000 euros-, propuso un planteamiento de mínimos para empezar a negociar que, según los alicantinos, supone un cambio «radical» de su propuesta inicial de hace unas semanas, y según los valencianos sólo son algunos cambios de matiz.
Reparto de cuotas
En cualquier caso, el objetivo final en el que todos estuvieron de acuerdo es conseguir una patronal autonómica fuerte, independiente y vertebradora. En este sentido, la propuesta de mínimos de González reconoce la necesidad de racionalizar la estructura actual de Cierval, tal y como exigían tanto Coepa, como la CEC castellonense, que consideran que resulta demasiado cara. La solución pasaría por fusionar las estructuras de Cierval y la CEV valenciana, que ahora están duplicadas en Valencia.
Además, González también garantizó el mantenimiento de las estructuras provinciales en Castellón y Alicante, que conservarían sus órganos de gobierno y serían independientes. De esta forma, se descarta la fórmula de convertir a las actuales patronales en meras delegaciones de Cierval, el mayor temor de los empresarios al norte y al sur de Valencia.
Igualmente, el presidente de Cierval también concretó algo su propuesta de permitir la afiliación directa de las empresas y las organizaciones sectoriales a la patronal autonómica, algo prohibido por los actuales estatutos, que recogen que los únicos miembros de Cierval son las tres organizaciones provinciales. Al respecto, González habló de una «doble afiliación», que permitiría repartir las nuevas cuotas que se generaran, lo que pareció vencer algunas resistencias. En cualquier caso, éste será uno de los puntos que más deberán pelear unos y otros durante las negociaciones de los próximos meses.
Desde Coepa consideraron ayer el documento presentado por José Vicente González como un buen punto de partida pero señalaron que habrá de discutir «mucho» antes de cerrar un acuerdo, que es indispensable, puesto que sin los votos de la alicantina no se puede aprobar ninguna reforma de los estatutos de Cierval. En este sentido, la organización presidida por Francisco Gómez entiende que se ha producido un cambio de actitud en Valencia, en el que ha sido clave la recién recuperada unidad del empresariado de la provincia. «Han visto que si se liquida Coepa los empresarios no van a permitir que vengan de Valencia a ocupar el hueco que quede», apuntan desde la patronal alicantina.
No obstante, lo cierto es que también Coepa ha suavizado su posición, en lo que puede haber influido el hecho de que Cierval es su mayor acreedor ordinario y es clave para lograr un convenio y evitar la entrada en liquidación, dentro del proceso concursal que tiene abierto. Desde Valencia, eso sí, no quieren dilatar mucho la solución y han fijado el 31 de octubre como fecha límite para pactar. Hasta entonces ha optado por dejar en suspenso la celebración de su asamblea general anual.
