Hasta 3,3 millones de euros. Ése es el importe de las facturas de Coepa que analiza la Intervención de la Generalitat para saber si la patronal alicantina cometió alguna irregularidad en el cobro de subvenciones públicas para la construcción de su polémico centro de oficios. El mismo cuya hipoteca ha obligado a la organización empresarial a solicitar la declaración de concurso de acreedores.
Según ha podido saber este diario, fue hace aproximadamente un mes cuando el Servef y el Instituto Valenciano de Finanzas decidieron poner en conocimiento del órgano de control de la Administración autonómica que habían detectado la presentación por duplicado de las mismas facturas para justificar, por un lado, las ayudas concedidas por el primero para la construcción del edificio y, por otro, la disposición de fondos del crédito otorgado por el banco público para financiar las obras.
Todo un contrasentido puesto que, si los trabajos ya estaban pagados con las subvenciones, no hubiera sido necesario el crédito para financiarlos. O, lo que es lo mismo, que se habría recibido el dinero por duplicado para el mismo fin, lo que hace dudar de su destino real.
En concreto, en las facturas por importe de 4,7 millones de euros que Coepa presentó para avalar la disposición de fondos de la hipoteca concedida por el IVF -unos documentos que abarcan desde el año 2005 a 2010-, se habrían encontrado duplicidades por valor de 2,1 millones con las ayudas concedidas por el Servef y otros 1,2 millones en los recibos presentados para justificar otras subvenciones otorgadas directamente por la Dirección General de Trabajo.
En cualquier caso, la remisión de todos estos documentos a la Intervención de la Generalitat no implica, a priori, que se haya cometido ninguna ilegalidad y puede tratarse, simplemente, de un error administrativo. Eso es, precisamente, lo que debe determinar este organismo con su trabajo.
Ahora bien, en el caso de que se demuestre que hubo alguna irregularidad, Coepa podría enfrentarse a una acusación de fraude en subvención pública, un delito tipificado en el artículo 308 del Código Penal, como ya le ha ocurrido a la patronal castellonense -la CEC-, a la que investiga por este mismo motivo el juzgado de Instrucción número 1 de Nules.
La noticia llega en el peor momento posible para la confederación alicantina, inmersa en pleno proceso concursal, precisamente, por la imposibilidad de devolver el crédito que le dio el Instituto Valenciano de Finanzas para el centro de oficios. Los empresarios alicantinos han intentado en varias ocasiones que el banco del Consell acepte la dación en pago para librarse de esta deuda, algo que sus responsables siempre han rechazado debido a los informes jurídicos internos que advertían, entre otras cosas, de que se tuvieran que devolver las ayudas recibidas para su construcción.
Los empresarios lo niegan
El expresidente de Coepa Joaquín Rocamora -que fue quien firmó durante su última semana de mandato, en junio de 2006, el crédito con el IVF- negó ayer, en declaraciones a este diario, cualquier irregularidad en la construcción del centro de oficios de la patronal. «Todo se hizo con absoluta transparencia. En Coepa nadie se ha apropiado de nada», señaló antes de recalcar que, «en cualquier caso, el día a día del proyecto la llevaba una comisión creada para tal fin». Además, defendió la viabilidad del proyecto «que se hubiera mantenido sin problemas si no hubiera cambiado la política de la Administración sobre los cursos de formación».
En la misma línea, el que fuera secretario general de la patronal alicantina en aquella época y que en la actualidad desempeña este mismo cargo en la autonómica Cierval, Javier López Mora, aseguró encontrarse «muy tranquilo» y recalcó «que todo el dinero que se gastó está absolutamente justificado». En este sentido, aseguró que tanto el Servef como el IVF ya revisaron toda la documentación en su día y consideraron que todo era «correcto». También destaca que, por el momento, sólo hay una actuación administrativa y que no se ha demostrado ninguna ilegalidad.
Por último, también el actual presidente en funciones de Coepa, Francisco Gómez, también se mostró convencido de «que nadie se llevó ni un duro» con la construcción del centro de oficios de la patronal y que todas las subvenciones y el crédito que se solicitó al Instituto Valenciano de Finanzas se invirtieron correctamente. Gómez considera muy sospechosa la filtración de la investigación iniciada por la Generalitat en estos momentos y considera que responde «a los intereses que existen en Valencia por aniquilar Coepa».
