No es nueva la oposición de Cepyme Alicante a la nueva ley de participación y colaboración institucional, por la que la Generalitat regula la compensación económica a organizaciones empresariales y sindicales por estar en determinados foros. El texto es bien claro: la asignación se destina a los agentes sociales más representativos y, en concreto, a los sindicatos UGT y CC OO, y a la patronal autonómica Cierval, que debe repartir parte de lo que le toca entre Coepa y las provinciales de Valencia y Castellón. Evidentemente, eso no ha gustado a la confederación de pymes que dirige Cristóbal Navarro, y así lo ha hecho saber desde el minuto cero primero al Consell de Fabra, que fue quien impulsó la ley, y ahora al Ejecutivo de Puig y de Oltra. Sin embargo, sus quejas no han tenido mucho eco hasta la fecha y, por eso, Cepyme ha dado un paso más y ha decidido enviar un escrito al presidente de la Generalitat y otro a todos y cada uno de los diputados autonómicos para instarles a que replanteen la ley. Con ello, los de Cristóbal Navarro redoblan la presión sobre el Consell para que se reconozca en esta norma a Cepyme como la organización que representa los intereses de la pequeñas y medianas empresas en Alicante.
La misiva, fiel al estilo de Cepyme y de Cristóbal Navarro, es bastante dura, y poco menos que viene a decir que esta ley de participación institucional es un instrumento para la «compra de voluntades» y para la «compra de la paz social», es antidemocrática y es una herramienta de «opresión» a las minorías. «Evita la verdadera participación institucional y concentra esa participación, precisamente, en las organizaciones que más dependencia tienen del Consell», denuncia literalmente Cepyme. Navarro, de hecho, cuestiona en la carta qué pasará con la opinión de su confederación y sus 22.000 asociados. «¿No se les permite que su debate pueda enriquecer la regeneración institucional que las urnas que les han llevado a ustedes al poder estaban exigiendo a nuestros políticos?», plantea. Por ello, insta al jefe del Consell y a los diputados a que vuelvan a someter a estudio y reflexión la ley, y se incluya a Cepyme.
La cruzada emprendida por la confederación de pymes no es nueva, aunque se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo después de que la confederación que preside Moisés Jiménez le allanara el camino para ello con la expulsión de Cepyme de su organización. Desde entonces, Cristóbal Navarro no ha parado de pedir que se le diera voz como interlocutor de las pymes en cualquier foro, hasta el extremo de que el Ayuntamiento de Alicante, en la composición del Consejo Local de Comercio que se hizo pública ayer, ha metido a Cepyme, sin que haya rastro alguno de Coepa. No ha sido un caso puntual. La Conselleria de Economía, en la orden publicada hace unos días y en la que regula las organizaciones que integran el Observatorio del Comercio Valenciano, también ha excluido a Coepa, pese a que sí están sus homólogas en Valencia y Castellón, y le ha dado la representatividad a la federación del comercio alicantino Facpyme, que dejó Coepa hace unos meses por disidencias con la cúpula de la patronal, y también a Cepyme Alicante.
