«Sin la reforma laboral la fábrica de Coca-Cola de Alicante seguiría abierta. Una empresa con beneficios nunca hubiera podido presentar un ERE sólo por causas organizativas y, si lo hubiera hecho, Empleo lo habría tumbado antes de que se aplicara y no después, cuando ya es tarde, como ha ocurrido al tener que recurrir a los juzgados». Así de claro lo tiene el presidente del comité de empresa de la planta alicantina, José Vicente Salinas, que no duda en calificarse como una «víctima» de la nueva legislación laboral que el Gobierno del PP aprobó nada más llegar al poder, en 2012, y que ahora acaba de cumplir tres años.
En este tiempo, el caso de la embotelladora de Coca-Cola en España se ha convertido en el paradigma de la aplicación más salvaje de una reforma laboral que los expertos consultados aseguran que ha sido «completamente desequilibrada», al recaer casi en exclusiva sobre las espaldas de los trabajadores, pero que, por otra parte, también ha facilitado la superviviencia de numerosas empresas al permitirles aligerar sus plantillas con menor coste.
Los especialistas coinciden en señalar que lo mejor de la reforma es que «ha dado a las empresas flexibilidad interna para adaptarse a las situaciones de crisis» y no sólo a través del abaratamiento del despido, sino, sobre todo, «al facilitar los ERE temporales, los descuelgues de convenio o los cambios de puesto dentro de la compañía», según asegura el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Miguel Hernández, Pedro Pablo Ortuño, quien se muestra convencido de que «se han evitado muchos despidos». «Antes, echar a la gente a la calle era siempre la primera opción», insiste Ortuño.
El profesor titular de Economía de la Universidad de Alicante, Hipólito Simón, va más allá y sostiene -como insisten también desde el Gobierno- que la nueva normativa está permitiendo «crear empleo neto con crecimientos del PIB mucho menores que antes» y pone el ejemplo del año pasado, cuando la economía avanzó un 1,4% y en la provincia se generaron casi 28.000 nuevos puestos de trabajo, según la EPA, una cifra desconocida desde el año 2006. «Hasta ahora eran necesarios crecimientos por encima del 2% para que aumentara la ocupación», explica el experto.
El porqué es bastante sencillo: «Cuando hay más flexibilidad las empresas se animan a contratar antes, no esperan tanto a que la recuperación se consolide porque saben que los costes futuros que pueden suponer los despidos serán mucho menores», señala el investigador, que ha centrado buena parte de su actividad académica en este campo. «Eso nos va a venir muy bien en los próximos años porque los crecimientos que se prevén son más bien moderados», añade.
En cualquier caso, de momento, el balance que arroja la reforma laboral en Alicante sigue siendo negativo. La mejora del último año ha sido insuficiente para contrarrestar todo el empleo que se destruyó en su primer año de aplicación -cuando se abrió la espita de los despidos baratos- y a día de hoy aún hay 6.600 ocupados menos que cuando se aprobó la reforma.
Caída salarial
En cuanto a la parte negativa, también hay coincidencia entre los expertos a la hora de señalar que ha sido una reforma «desequilibrada», que ha favorecido claramente los intereses de los empresarios en detrimento de los trabajadores y, además, de una forma permanente. «Está claro que en situaciones de crisis hay que adoptar medidas pero, quizás algunas, como la rebaja de la indemnización por despido improcedente, deberían haberse acotado en el tiempo o hasta que se alcanzara un determinado nivel de paro, como ha ocurrido con la edad en los contratos para emprendedores», apunta el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alicante, David Montoya, quien también considera que se ha ido demasiado lejos al incluir la simple caída de ingresos entre las causas para justificar un ERE.
Sin embargo, de todas las consecuencias negativas de la nueva legislación, Montoya tiene claro que lo peor «es la caída de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido». «Una reforma laboral por sí sola no crea empleo, el marco laboral sólo son las velas que recoge el viento de la economía. En cambio, la caída del poder adquisitivo sí que influye directamente y puede ser un lastre para el despegue de la economía», señala el experto.
En la misma línea, Hipólito Simón asegura que la reforma ha aumentado notablemente las desigualdades salariales. Y por partida doble. Por un lado, por los bajos sueldos que se pagan a los nuevos contratados. «El tipo de empleo que se está creando es muy precario, casi siempre temporal y con una gran presencia de los contratos a tiempo parcial. Son empleos con salarios muy bajos», señala el profesor de la UA. Y, por otra parte, porque el ajuste que se ha producido entre quienes han conservado su empleo tampoco ha sido homogéneo, y los recortes han afectado más a aquellos con ocupaciones peor remuneradas.
Un ejemplo es lo que ha ocurrido con el sector de la limpieza de edificios. Al tratarse de un servicio que la mayoría de empresas y organismos tiene externalizado, pocas han dudado en recortar el presupuesto y obligar a las firmas del sector a realizar ajustes que han acabado pagando los trabajadores. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la propia Universidad de Alicante, donde tiene adjudicado el servicio el Grupo Cívica.
«La Universidad decidió reducir un millón de euros en el nuevo pliego y la empresa nos dijo que había que hacer despidos. La reforma laboral estaba recién aprobada y nadie tenía muy claro qué podían hacer y qué no», recuerda Mari Carmen Bas, representante de UGT en el comité de empresa. «Acabamos aceptando una rebaja del 10% en el sueldo, que nos congelaran la antigüedad y aumentar la jornada y nos hemos dado cuenta de que, al final, somos nosotros quienes hemos pagado el millón de euros, la empresa no ha perdido nada», se lamenta.
También Aena, el ente gestor de los aeropuertos que el Gobierno acaba de privatizar con gran éxito, decidió ajustar sus gastos por la misma vía y en 2013 rebajó un 20% la cantidad que pagaba a Ingesan por los servicios que presta en El Altet. «Después de la reforma laboral no había mucha opción y tuvimos que aceptar el ERE», explica Josefa Cárceles, delegada de personal por CC OO en dicha empresa. Un ERE que les ha supuesto dejar de trabajar durante 70 días el pasado año. Mejor suerte tuvieron en el Hospital General de Alicante, donde la unión de la plantilla y la presión mediática consiguieron detener el expediente que pretendía poner en marcha Kluh Linaer para despedir a 25 trabajadores por un supuesto ajuste del 4% en los pagos de la Generalitat «que nunca nos probaron», denuncia Elvira Castilla, miembro del comité de empresa.
ERE sin autorización
Sin duda, uno de los aspectos más polémicos de la reforma fue el aumento de las causas para acogerse al despido objetivo, con solo 20 días de indemización por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades, y también la facilitación de los Expedientes de Regulación de Empleo. Con la nueva legislación, la empresa ya no necesita el permiso de la autoridad laboral -la Consellería de Empleo- para aplicar un ERE y puede ejecutarlo de forma unilateral sin acuerdo con los sindicatos, aunque esté obligada a respetar un periodo de negociación. Es lo que ocurrió en el caso de Coca-Cola y los representantes de los trabajadores creen que se trata de uno de los mayores reveses que han sufrido sus derechos.
Sin embargo, los expertos consultados no lo ven así porque consideran que se han reforzado las garantías judiciales. «Antes, si no estabas de acuerdo con la resolución de la autoridad laboral -que no deja de ser alguien designado por un político- tenías que recurrir a la vía contencioso-administrativa, que podía tardar ocho o diez años en resolver. Ahora vas a la vía de lo Social, que es mucho más rápida», apunta Pedro Pablo Ortuño. De hecho, la Audiencia Nacional sólo tardó cuatro meses en anular el ERE de Coca-Cola, aunque para entonces la embotelladora ya había cerrado la planta.
Al respecto, el profesor de la Universidad Miguel Hernández destaca que los jueces «están moderando mucho los efectos de la reforma laboral con sus sentencias», que han anulado buena parte de los ERE que se han recurrido «casi siempre porque no se ha demostrado que el ajuste vaya a mejorar la situación de la empresa, que es lo que busca la ley». Por el contrario, con este mismo argumento se han rechazado los recursos presentados por los trabajadores afectados por bajadas unilaterales de sueldos o por la modificación de otras condiciones, que los jueces entienden que sí van a favorecer la supervivencia del negocio y de los puestos de trabajo que genera.
Sin caducidad
Precisamente también ha sido la Justicia la que ha acabado con otro de los puntos de la reforma que más ampollas levantó, el que limitaba a solo un año la ultraactividad de los convenios. Es decir, la vigencia de los acuerdos una vez que habían superado la fecha de caducidad pactada. Hasta el año 2012 ésta era ilimitada, lo que permitía que, si no había un nuevo convenio, al menos se mantuvieran las condiciones, algo que claramente beneficiaba a los trabajadores.
Al limitarse a un solo año, pasaron a ser los empresarios quienes tenían la sartén por el mango, ya que les bastaba con dejar pasar el periodo de negociación para poder aplicar condiciones más bajas. Sin embargo, el Supremo decidió que las condiciones laborales formaban parte de los acuerdos contractuales de los trabajadores por lo que, aunque el convenio caduque, éstos siguen conservando todos sus derechos.
Los sindicatos confían en que la decisión reactive la negociación colectiva, que se había reducido notablemente tras la aprobación de la nueva normativa, dejando desprotegidos a miles de asalariados. Y, en cualquier caso, la sentencia ha restado bastante ferocidad a la propia reforma laboral, cuya simple mención se había convertido en toda una amenaza y bastaba para amedrentar a los trabajadores.
