Aunque nada prohibía los ERE en empresas públicas antes de la reforma laboral, lo cierto es que éstos eran más bien extraños ya que había muchas posibilidades de que la Justicia los echara para atrás si algún afectado decidía recurrir. Por eso, los que se aprobaban casi siempre eran con acuerdo y una muy generosa indemnización, lo que significaba un fuerte desembolso para la administración afectada. Todo cambió cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió incluir en el reglamento que desarrollaba la reforma un apartado específico para regular los despidos colectivos en el sector público, con el objetivo de ayudar a las autonomías y a los ayuntamientos a cumplir con el objetivo de déficit. Los procesos se sucedieron entonces casi en cascada.
Sólo la Generalitat ya lleva más de 17 ERE ejecutados, según fuentes de CC OO y de la información recabada por este diario, lo que ha supuesto el despido de casi 3.000 personas, aunque más de la mitad eran trabajadores de Canal 9, que acabó cerrando.
Los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) lo sufrieron en sus carnes en diciembre de 2012, tal y como recuerda el secretario de la sección sindical de UGT en la empresa, Santiago Pérez. «No nos habíamos visto en otra igual. Llegaron con la reforma laboral debajo del brazo y nos pusieron 450 despidos sobre la mesa con 20 días de indemnización», explica Pérez. Al final, lograron reducir la cifra a 310 y aceptaron una rebaja salarial del 10%. Ciegsa, Vaersa, el IVVSA, el Sepiva, el Ivace, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Fundación Servef o la Agencia Valencia de Turismo son otros de los organismos que han sufrido un ERE.
