El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el exdirector general Aurelio Izquierdo, tuvieron entre 2007 y 2012 «una serie de ingresos de volumen significativo (en el entorno de 3,3 y 0,3 millones de euros, respectivamente) que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de Bancaja», asegura el Banco de España en un informe remitido el pasado 23 de junio al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre el Banco de Valencia. El problema, como añade a continuación el documento al que ha tenido acceso este diario, es que «la entidad [BFA-Bankia, donde acabó diluida Bancaja] ha confirmado al equipo inspector [del Banco de España] que no se ha producido el retorno de dichas cantidades a la caja, tal y como exigiría la normativa de la Generalitat Valenciana». En las propuestas que cierran el informe aprobado el 5 de julio de 2013, la comisión ejecutiva del supervisor acuerda comunicar tal extremo a la «Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat». Fuentes oficiales de este departamento del Consell aseguraron ayer a este diario que no tienen «constancia» de haber recibido comunicación alguna del Banco de España en este sentido. Tampoco el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de dicha conselleria y encargado en la Comunitat Valenciana de la tutela de las entidades financieras propias. Estas fuentes añadieron que, en cualquier caso, la supervisión de un hecho como el calificado en el informe correspondería al Banco de España.
Fuentes próximas al expresidente de Bancaja, por su parte, confirmaron que Olivas no ha devuelto ese dinero porque hay varios acuerdos del consejo de administración de la extinta entidad de ahorros que avalan su posición. En concreto, precisaron que un acta del 17 de enero de 2002 recoge el acuerdo, que se remonta a 1994, por el que los consejeros podían quedarse lo que percibieran por representar a la caja en otras empresas, mientras que los directivos aunque alguno por contrato sí podía debían reintegrar esos emolumentos a la caja. Este acuerdo fue ratificado por el consejo el 24 de julio de 2007. Estas fuentes aseguran que el Banco de España y el IVF conocían esas actas. El supervisor, lo que denuncia, es que se incumplió la ley valenciana, pero estas fuentes apuntan que la legislación autonómica no prohíbe esas remuneraciones cuando se trata de participadas externas, «donde los consejeros no representaban a la caja sino que estaban a título individual».
Olivas, que llegó a la presidencia de Bancaja en 2004, representó a la entidad en importantes empresas participadas, como el Banco de Valencia, del que fue presidente el vicepresidente, Antonio Tirado, ejercía el mismo cargo en la caja, NH Hoteles, Enagás, Abertis o Iberdrola. Su antecesor, Julio de Miguel, fue el que decidió que la caja comprara un 2% de la eléctrica y gracias a ello logró una plaza en su consejo que sigue ostentando. Al llegar Olivas, se encontró con que la plaza de De Miguel era a título personal, por lo que no pudo sustituirlo. En 2007, elevó el paquete de Bancaja en Iberdrola al 6% tras invertir 1.550 millones y en junio de ese año accedió al consejo de la energética. En ese 2007, Bancaja invirtió 126 millones en la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, donde fueron consejeros sucesivamente Olivas e Izquierdo, y que en 2008 entró en concurso. El informe aporta un dato significativo y es que se refiere en el punto 2.6 a «retribuciones de la alta dirección de Bancaja» y sitúa a Olivas como «directivo» y no como consejero.
El expresidente basa su defensa en la causa sobre Bankia que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a instancias de la querella presentada por UPyD, en que no era presidente ejecutivo.
