La situación procesal de los antiguos gestores del Banco de Valencia se complicó ayer aún más de lo que ya lo estaba después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hiciera público un auto en el que amplía la imputación por un posible delito de falsedad contable a los exgestores de la entidad financiera y al socio auditor de Deloitte que aprobaron y validaron el 29 de enero de 2010 la cuentas del ejercicio precedente. La imputación se dirige a catorce personas, entre ellas el expresidente, José Luis Olivas, el exconsejero delegado, Domingo Parra, el auditor Miguel Monferrer y varios miembros de la burguesía valenciana que entonces eran vocales del consejo, como Agnés Noguera, Silvestre Segarra, José Luis Quesada, María Dolores Boluda o Irene Girona. El delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal contempla condenas de entre 1 y 3 años de prisión.

El juez Pedraz, que instruye la causa principal a resultas de la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval y las ocho causas por las querellas presentadas por el FROB, ha decidido las imputaciones a petición de la Fiscalía y tras un informe de la Intervención General del Estado del pasado agosto donde se analizaban las actuaciones de supervisión de la entidad por parte del Banco de España desde 2007. El auto señala que en el informe de inspección de los estados financieros de la entidad, de 29 de enero de 2009, «se mencionan numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y, particularmente, la toma de decisiones sobre refinanciaciones con objeto de evitar el traspaso de saldos a la calificación de dudosos de muchos de ellos, estimándose un déficit de provisiones específicas de 177 millones». A través de las refinanciaciones, la entidad mantenía vivos créditos de difícil cobro y evitaba tener que dotarlos como si lo fueran, lo que hubiera reducido sus ganancias o conducido a pérdidas.

Por tanto, el juez considera «pertinente ampliar la inicial imputación de falsedad contable [referida a las cuentas de 2010 en la querella de Apabankval] al ejercicio anterior al terminado el 31 de diciembre de 2010», para que los exadministradores del banco y el auditor den «explicaciones sobre la diferencia de cálculo de provisiones existente entre las cuentas aprobadas y revisadas y la inspección del Banco de España».

Las diligencias propuestas para comprobar «las anomalías detectadas en la reclasificación a activos dudosos y el ajuste de la provisión de insolvencias» se dirigen al Banco de España y al Instituto de Contabilidad, al que se le pide el expediente contra Deloitte y Monferrer. Al suprevisor se le requiren varios documentos e informes que aclaren las dudas del juez. Entre ellas, pide al Banco de España que explique «cómo se ha obtenido el exceso de provisión genérico por un importe de 308,54 millones de euros» con el que, según un informe del supervisor de julio de 2010, «se compensa el déficit de coberturas de 420,41 millones».

Asimismo, Pedraz admitió el pasado martes a trámite la última de las siete querellas que el FROB, como administrador de la entidad tras su intervención, presentó contra los antiguos responsables del Banco de Valencia. En este caso, la querella afecta también a dirigentes de Bancaja, que controlaba el 40% del banco, por un presunto delito de «apropiación indebida en la modalidad de distracción de dinero» en relación con el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda.

A raíz de la querella, el magistrado imputa al citado, al expresidente de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, al exconsejero delegado de este último, Domingo Parra, al exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, al expresidente de Bancaja Hábitat, José Cortina, y al exdirector de participaciones inmobiliarias del Banco de Valencia, Alfonso Monferrer. También están imputadas las sociedades Residencial Mira Llevant y, como responsables civiles, Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.

La querella del FROB detalla actuaciones que habrían supuesto un perjuicio de al menos 120 millones de euros al Banco de Valencia y Bancaja, después de destinar un total de 631 millones en préstamos y compras de activos al grupo Ramón Salvador. El magistrado ha pedido a seis bancos extractos de cuentas y destinatarios de transferencias para saber a dónde fueron a parar fondos de Bancaja y Banco de Valencia que facilitaron al empresario ilicitano.