¿Debería un particular poder alquilar libremente y sin trabas su apartamento, siempre que pague sus impuestos, o habría que limitar esta actividad porque supone una competencia desleal para los alojamientos profesionales? Los cambios introducidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que deja en manos de las autonomías la regulación de los alquileres de temporada -los que no se destinan a vivienda habitual-, han vuelto a reabrir este viejo debate, que en el caso de Alicante amenaza con convertirse en toda una guerra empresarial ante los importantísimos intereses que están en juego. La batalla, que acaba de empezar, enfrenta nada menos que a los hoteleros contra los promotores, dos de los sectores con más peso en la provincia y que mantienen posturas difícilmente reconciliables.
Los primeros llevan meses denunciando cada vez que pueden el perjuicio económico que les ocasiona esta actividad, que no dudan en calificar de ilegal a pesar de que en la actualidad no hay nada que lo prohíba, y presionando para que la Generalitat tome cartas en el asunto para ponerle coto. Tanto es así que los promotores, que hasta ahora habían decidido mantener un perfil bajo en el asunto en busca de un acuerdo, han decidido saltar a la palestra para alertar de que restringir la posibilidad de alquilar los apartamentos puede dar al traste con la recuperación del sector inmobiliario y provocar la huída de miles de residentes extranjeros que cuentan con esos ingresos para mantener sus propiedades en la provincia.
Es más, tanto desde la Asociación Provincial de Promotores (Provia), como desde la autonómica (Feprova) acusan a los hoteleros de querer «cargarse» el modelo turístico actual de la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana, donde el turismo residencial sigue siendo mayoritario, con el único objetivo de «elevar sus tarifas». Y todo, «con el visto bueno de la Generalitat», según denuncian las citadas organizaciones empresariales.
Lo cierto es que el Ejecutivo valenciano ha intentado pasar de puntillas por el tema, tratando de que fueran los propios interesados los que alcanzaran un compromiso, y ninguna de las dos consellerias implicadas, ni la de Economía y Turismo, que dirige Máximo Buch, ni la de Territorio y Vivienda, de Isabel Bonig, han querido quemarse en la polémica.
Sin embargo, las reuniones celebradas hasta la fecha entre las distintas patronales se han saldado con un sonoro fracaso, ante lo que se juegan uno y otro sector en esta disputa.
Mala imagen
«Lo que se está haciendo desde el sector hotelero es aprovechar la situación y generar la imagen de que toda la oferta de apartamentos es ilegal, una publicidad muy negativa que está traspasando ya nuestras fronteras», explican fuentes oficiales de Provia. Desde esta organización aseguran que el asunto ya está generando numerosas consultas y preocupación entre las agencias británicas con las que tienen convenios para la comercialización de viviendas, y que también en otros países europeos se empiezan a levantar suspicacias.
Igualmente, temen que si se ponen trabas al alquiler muchos residentes extranjeros o propietarios nacionales de apartamentos decidan poner a la venta sus casas y se acabe provocando un nuevo hundimiento de los precios, ahora que se habían estabilizado e, incluso, habían empezado a recuperarse. Los promotores hablan hasta de la posibilidad de que se genere entre los eurorresidentes un nuevo movimiento de protesta similar al de Abusos Urbanísticos No, que obligó a cambiar la legislación autonómica tras las denuncias de varios eurodiputados.
La irritación de los promotores es comprensible si se tiene en cuenta las dimensiones del negocio que está en riesgo. Las ventas a ciudadanos extranjeros, que se han disparado más de un 70% desde el año 2010 en toda la autonomía, son lo que está permitiendo evacuar buena parte del ladrillo que quedó sin vender tras el estallido de la burbuja inmobiliaria e, incluso, lo que ha logrado que los empresarios estén poniendo en marcha nuevas promociones, sobre todo en la comarca de la Vega Baja.
Sólo el año pasado fueron más de 18.000 las viviendas vendidas a extranjeros en la Comunidad Valenciana, que supusieron una inversión cercana a los 2.000 millones de euros. Y a ello hay que sumar las 10.000 propiedades que compraron los residentes de otras autonomías, que aportaron otros 850 millones de euros. Cifras que por sí solas justifican el pavor de los promotores ante cualquier cambio que pueda desviar a los posibles clientes hacia otras zonas del Mediterráneo.
En el otro lado, lo que se juegan los hoteleros también es mucho. De las casi 164 millones de pernoctaciones que los turistas realizaron el año pasado en la autonomía apenas un 15% fueron en hoteles y otro 4,8% en apartamentos reglados, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. El resto se repartió entre la vivienda propia, la de algún amigo o familiar o el alquiler de apartamentos entre particulares. Los establecimientos, por tanto, tienen mucho que ganar si consiguen acabar o reducir esta competencia, que ahora supone la mayor parte del negocio turístico.
Registro
El presidente de la asociación hotelera de Benidorm (Hosbec), Toni Mayor, asegura que su intención «no es criminalizar a nadie» y que lo único que pretenden en «jugar todos con la misma baraja, algo que ahora no ocurre». Mayor reconoce que el alquiler de apartamentos entre particulares es algo que ha ocurrido «toda la vida» en la Costa Blanca y en el resto de la autonomía «pero con la aparición de los portales especializados de Internet -como Airbnb o Wimdu- se ha disparado y habrá que controlarlo de alguna manera». «Ya no sólo se alquilan apartamentos, se alquilan habitaciones y hasta sofás», insiste el empresario.
En cualquier caso, el presidente de los hoteleros sostiene que, de momento, lo único que piden es que se cree un registro y que todo aquel que quiera alquilar deba estar dado de alta en él para que quede constancia.
Desde Provia, sin embargo, recelan de las intenciones de los hoteleros y creen que la puesta en marcha de un registro de esta naturaleza sólo tiene sentido si lo que se pretende es «a posteriori, regular esas viviendas como viviendas de uso turístico, exigiendo una serie de requisitos que hagan inviable su alquiler. Por ejemplo, estableciendo que sólo se pueda alquilar un número de días o que deban tener autorización de la comunidad de propietarios o atención las 24 horas».
Al respecto, los promotores quieren distinguir entre aquellos apartamentos que ofrecen servicio de limpieza, transporte al aeropuerto o desayuno; es decir, los que realmente ofrecen «servicios hoteleros» que, a su juicio, sí deben estar regulados, y el alquiler puro y duro «de aquel señor que arrienda su casa a otro y le da las llaves, sin más». Dan por descontado que cada propietario debe ser responsable de declarar los ingresos como corresponda.
Los empresarios, además, destacan que una posible restricción de los usos de los apartamentos se contradice con el objetivo declarado de la Generalitat de atraer más inversión, para lo que incluso se ha creado una comisión que integra a notarios, promotores y especialistas.
Cambio legislativo
La regulación del alquiler de viviendas de temporadas quedó en una especie de limbo legal cuando el año pasado se modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces quienes alquilaban sus casas sólo por unos meses o un periodo corto disfrutaban de mucha más libertad que aquellos que lo hacían para domicilio habitual. Con el cambio, sin embargo, se dejó en manos de las autonomías la posibilidad de legislar sobre los alquileres de corta estancia.
