La reacción de los distintos gobiernos autonómicos ante la posibilidad de regular el alquiler de apartamentos ha sido muy distinta dependiendo de los casos, aunque casi todos ellos han optado por restringir esta actividad de alguna forma. De ahí, la reacción de los promotores alicantinos, que temen que la Generalitat siga el mismo camino.
De todas las comunidades, Baleares tiene la legislación más restrictiva ya que directamente prohíbe el alquiler de apartamentos entre particulares y sólo lo autoriza en el caso de los chalets. Sin embargo, su modelo turístico es muy distinto al de la Comunidad Valenciana ya que allí los hoteles tienen una gran preponderancia. Cataluña, por su parte, obliga a los particulares a inscribirse en un registro y algunos municipios exigen licencias adicionales.
Una de las últimas en legislar ha sido la Comunidad de Madrid, que ha cedido a medias a las presiones de los hoteleros y ha prohibido el alquiler de apartamentos por un periodo inferior a los cinco días. De esta forma, la mayoría de los turistas que visitan la capital, que permanecen menos de ese tiempo, se ve obligado a recurrir a los hoteles como única opción.
