El último dique oficial de contención de la angustia de muchas familias al no tener con qué llenar el frigorífico se derrumbó hace tres meses en la Comunidad Valenciana, cuando se agotaron los 23,6 millones consignados por la Generalitat para pagar la llamada renta garantizada de ciudadanía. Más de 3.000 familias de la autonomía sin recursos se han quedado sin poder percibir entre 330 y 532 euros -la mayor de esas cifras para el caso de unidades familiares de 13 miembros- pese a habérseles reconocido el derecho a la percepción en los expedientes tramitados por los ayuntamientos colaboradores de Bienestar Social, que tienen conveniada la gestión de las ayudas.
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT acusó ayer al Consell de saltarse el Estatut y la ley que reconoce el derecho a esa ayuda a las familias en estado de necesidad, en muchos casos sin otros ingresos. El sindicato acusa al Consell de actuar de forma «despiadada» sin tener en cuenta que se trata de cubrir las necesidades de alimentación, vivienda o vestido de las familias y recordó que en la Ley de Presupuestos de 2014 se introdujo por primera vez la opción de poder ampliar los créditos dedicados a esa cobertura sin tener que recurrir a modificaciones para detraer dinero de otras partidas.
Por eso exigen al Consell que haga uso de ese precepto y habilite, de entrada, otros 7 millones para atender de momento a esas 3.000 familias. La ayuda media es de 400 euros. Siete millones es menos de la mitad de lo que el Consell pagó a Santiago Calatrava por el proyecto fantasma de las torres enroscadas que nunca se ejecutó.
Por ahora son 3.000 las familias que sólo esperan una firma del expediente cuando se tengan fondos disponibles, pero se siguen gestionando peticiones de ayuda. Bienestar Social prometió ayer «poner los medios económicos para hacer efectivo este derecho, si es necesario». La Generalitat no ha pagado la subvención a los consistorios por lo que los municipios han adelantado el pago a la espera de que el Consell les ingrese el dinero.
Con todo, la Conselleria indicó que «estas entidades continúan disponiendo de crédito», una afirmación que el responsable de servicios sociales de UGT, Toni Femenia, consideró sorprendente. Es más, apuntó que algunos consistorios han roto el convenio hartos de los impagos.
70.000 familias, en la intemperie
El sindicato cifra en 80.000 las familias susceptibles de ser perceptoras de esa renta. 10.392 han visto resuelto su petición durante el primer semestre de este año, según informó desde Bienestar Social a preguntas de este periódico. Desde el departamento de Asunción Sánchez Zaplana, subrayaron que se ha producido un incremento de solicitudes. El responsable de servicios sociales de UGT, Toni Femenia, lamentó que en plena crisis siete de cada ocho familias necesitadas de esta protección no la reciban.
