La guerra abierta que se mantiene en el seno de la patronal Coepa está más viva nunca entre dos bandos muy definidos: el sector más crítico, con el presidente de Cepyme, y, a la postre, vicepresidente estatutario de la confederación, Cristóbal Navarro; y el aparato oficial, representado por su responsable, Moisés Jiménez. En esta ocasión, han sido otra vez las cuentas, las de 2012, el detonante, hasta el punto de que Navarro ya ha remitido una denuncia al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía por el informe de fiscalización de 2012. En el escrito, en el que describe hasta 14 supuestas irregularidades, el vicepresidente de Coepa no sólo trata de sacar los colores a Deloitte, que también, sino que pone en tela de juicio por enésima vez la gestión de los responsables de la patronal alicantina, y llega a alertar de su agónica situación y de un posible concurso voluntario o necesario.
De entrada, el presidente de Cepyme, según la denuncia, deja claro que inicia las acciones legales necesarias para «devolver la correspondencia de la imagen fiel» a las cuentas de Coepa, y ampara su petición en el hecho de que la organización basa la mayor parte de su presupuesto anual en fondos públicos, para acabar pidiendo la intervención del organismo de control pertinente, con el fin de verificar el «exacto cumplimiento» del auditor en las tareas que le fueron encomendadas y de la normativa contable. De hecho, no desaprovecha la ocasión y proclama que «Coepa se encuentra en una gravísima situación derivada de su gestión, con grave perjuicio para los intereses de terceros, así como los de la propia entidad».
Navarro se queja en primer lugar de que la asamblea para la aprobación de las cuentas anuales se celebró el 12 de septiembre de 2013 y, por tanto, fuera del plazo legal establecido, con el agravante, a su juicio, de que, para ese entonces, ya habían transcurrido casi tres cuartas partes del año 2013, «lo que supone que ya se conoce buena parte de la evolución del ejercicio, y en ese momento ya se sabe que se han generado pérdidas», según puntualiza en la denuncia.
También pone en evidencia la ausencia de un informe de debilidades de control interno por parte del auditor. De hecho, el vicepresidente de Coepa considera que estas debilidades son «latentes», y habla de que no existe control de los gastos de viajes y su justificación, las cuotas de los asociados, la contabilización de las subvenciones, o el cumplimiento de las obligaciones y los fines para los que se deben destinar las ayudas que se reciben. También cuestiona la inexistencia de un plan de viabilidad «definido, escrito y aprobado por ningún órgano de gobierno», y que los gastos y las costas que ocasionaron algunas sentencias no aparecen en el balance ni en el informe.
Tampoco pasa de largo por la ausencia de actividad que puede ocasionar la pérdida de subvenciones por 2,5 millones de euros a esa fecha por un centro de formación inactivo, ni por los impagos del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, que podrían llevar a la pérdida del inmueble y a un agujero de 1,6 millones de euros en el balance, y que, como destaca, son cuestiones que tampoco reciben atención en las cuentas ni el informe.
La denuncia, finalmente, apunta a la reclasificación en el balance que se hizo del inmueble de la plaza de Ruperto Chapí, con un valor neto contable de 1,5 millones, registrando así que se había puesto a la venta, a pesar de que en septiembre no se había hecho la operación. Con ello, según Navarro, se minimizaban las pérdidas, al no contabilizar la amortización de 2012. Valores superiores a los de mercado de los dos edificios; los incumplimientos en el plazo de pago a proveedores; impagos de nóminas, que arrastraban a esas alturas tres meses de demora, y de las obligaciones con las entidades bancarias; junto a aplazamientos de pago con la Agencia Tributaria, son sólo otros de los aspectos que saca a la luz Cristóbal Navarro, en esta ocasión en una denuncia.
