No se dan por vencidos, ni mucho menos. Los trabajadores de la planta de Coca Cola de Alicante siguen en pie de guerra contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa. El despedido colectivo provocaría un recorte de 1.253 empleados, así como el cierre de cuatro de sus once fábricas actuales. La planta de Alicante sería una de las que echaría el cierre si, definitivamente, se aprueba la medida regularizadora. Por ello, los trabajadores alicantinos se han congregado esta mañana en la plaza de la Montañeta para demostrar que, tras tres semanas de huelga, siguen manteniendo sus reivindicaciones y reclamando la paralización del ERE.
Los empleados prevén que la respuesta llegue a finales de semana. "Esperamos que antes del viernes que viene la empresa de un resultado sobre el ERE", señaló ayer el presidente del comité de empresa, José Vicente Salinas, a la par que remarcó que el objetivo de la concentración, que se prolongó durante dos horas, es mantener cualquier tipo de presión para lograr que sus peticiones tengan efecto.
No hubo milagro de última hora
Las fuertes discrepancias que mantenían desde un inicio los sindicatos y la dirección de Coca-Cola Iberian Partners imposibilitó que en el día de ayer, el último del periodo legal de consultas, se cerrara un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía, lo que deja en manos de la misma la ejecución o no del recorte de plantilla de 1.253 trabajadores y el cierre de cuatro de sus once plantas actuales, entre ellas la de Alicante. De hecho, la firma evitó ayer pronunciarse sobre sus intenciones y se limitó a recordar que ahora dispone de un plazo legal de 15 días para decidir si sigue adelante con el ajuste y en qué condiciones, ya que al no haber acuerdo puede aplicar su propuesta de mínimos inicial.
Los sindicatos se agarraron a esta indefinición de la compañía para atribuirse una pequeña victoria en una lucha que no dan, ni mucho menos, por cerrada. A su juicio, al no anunciar inmediatamente la ejecución del ERE, la embotelladora de Coca-Cola está dejando abierta la puerta a una posible nueva negociación sin las presiones de los plazos que marca la ley cuando se tramita un expediente, tal y como ellos reclamaban desde un principio.
Al menos así se interpretó en Alicante, donde los trabajadores decidirán el próximo domingo si mantienen la huelga indefinida que empezaron el pasado día 3 de febrero. «Los compañeros están relativamente contentos porque no se han pasado tres semanas sin trabajar para acabar aceptando el cierre de la fábrica. No podíamos firmar ese acuerdo y, al menos ahora, hay una esperanza», aseguraba ayer el secretario general de FITAG UGT en l'Alacantí, Joaquín Gil.
Empezar de cero
Tanto este sindicato, como CC OO responsabilizaron ayer directamente a la empresa de la falta de entendimiento por su negativa a retirar de la mesa los cierre de plantas e iniciar desde cero la negociación de un plan industrial que garantice la viabilidad de la empresa, nacida el año pasado tras la fusión de las siete embotelladoras regionales que existían en España. Para los representantes de los trabajadores, por muy buenas que resultaran las indemnizaciones ofrecidas, los planes de la empresa no dejaban de ser «la odisea del despropósito» y volvieron a recordar los cuantiosos beneficios que año tras año consigue la firma. Según UGT, sólo la planta de Alicante ganó 25 millones en el último año.
En cualquier caso, las centrales también dejaron claro que acudirán a los tribunales a impugnar el ERE en el mismo momento en que la compañía se decida a aplicarlo, si finalmente toma esa decisión.
Como era de esperar, desde Coca-Cola Iberian Partners tampoco se quedaron callados y emitieron un duro comunicado en el que tacharon de «inexplicable la falta de voluntad negociadora de los sindicatos». «Deberán explicar muy bien a los trabajadores por qué no han aceptado una oferta con unas condiciones tan beneficiosas», señala el documento. La compañía también difundió las cifras de una consulta que realizó entre los trabajadores de algunas plantas -las que no se verían afectadas por los cierres- en la que el 91% estaría dispuesto a negociar con las condiciones de la compañía. Sobre la misma los sindicatos denunciaron lo insólito de que fuera la empresa y no los respectivos comités los que sondearan la opinión de los empleados.
Las opciones
Sea como fuere, una vez finalizado el periodo de consultas sin acuerdo, ahora es la dirección de la embotelladora la que tiene la potestad de aplicar a su antojo el ERE ya que la última reforma suprimió la necesidad de que la autoridad laboral lo autorice, dejando los tribunales como el único recurso para frenar su aplicación. En este sentido, la empresa podría optar por aplicar su primera propuesta -bajas con 30 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades, y una compensación de 5.000 euros para los trasladados-; la propuesta mejorada que presentó esta semana -bajas voluntarias con 45 días por año con un tope de 42 mensualidades y 10.000 euros lineales, y 15.000 euros más una ayuda de 500 euros mensuales para vivienda para los desplazados, además de prejubilaciones-, o bien también podría renunciar por completo a su aplicación y plantear otra alternativa. Ayer se negó a aclarar su decisión.
