Si nada lo remedia a última hora, todo apunta a que acabarán siendo los tribunales los que decidan sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la nueva embotelladora única de Coca-Cola para España y Portugal -Coca-Cola Iberian Partners- ha presentado para suprimir casi 1.200 empleos en todo el país y cerrar cuatro de sus once plantas actuales: las de Alicante, Colloto (Asturias), Fuenlabrada (Madrid) y Mallorca. Las respectivas «líneas rojas» que han marcado los sindicatos y la dirección de la compañía hacen que el acuerdo en la reunión convocada para hoy -la última antes de finalice el periodo oficial de consultas que marca la legislación- sea casi imposible y tanto unos como otros daban ayer casi por hecho que habrá batalla judicial.

Tanto UGT, como CC OO han dejado claro por activa y por pasiva que no firmarán ningún acuerdo que implique el cierre de factoría pero, además, en las pocas veces que han mostrado algún atisbo de duda se han visto sobrepasados por los propios trabajadores, dispuestos a defender sus posiciones. Así ha ocurrido por ejemplo en Asturias, donde el comité llegó a valorar la última propuesta de la empresa -que incluía importantes mejoras económicas para los afectados- y la asamblea tumbó cualquier opción de acuerdo.

O también en Madrid, donde el rumor de que UGT podría aceptar el desmantelamiento de alguna de las instalaciones provocó toda una tormenta de amenazas en las redes sociales, que hizo temer a los negociadores de este sindicato por su integridad física y obligó a la central a desmentirlo categóricamente el pasado miércoles.

De la misma forma, la adhesión de la plantilla de Alicante a la huelga indefinida -que se prolonga ya por tres semanas- ha sido inquebrantable. «La gente lo tiene claro, estamos peleando por mantener la fábrica abierta, por nuestros puestos de trabajo», señalaba ayer desde el comité de empresa de la factoría Luis Bosch, que reconocía que hoy se lo estaban jugando todo «a doble o nada».

«Si la empresa sigue adelante, tenemos muy claro que esto va a acabar en los tribunales», apuntaba también el secretario general de FITAG-UGT en l'Alacantí, Joaquín Gil, quien denuncia que, «en realidad, la empresa no se ha movido de sus planteamientos iniciales por mucho que diga que está dispuesta a negociar». Así, según Gil, la «generosa» oferta realizada el pasado martes por la embotelladora -con indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades para las bajas incentivadas y una compensación de 15.000 euros más una ayuda para vivienda de 500 euros mensuales para los que acepten los traslados- está «muy por debajo de lo que ya establecían los propios convenios colectivos para estos casos». Por ejemplo, en el último plan de bajas voluntarias en la fábrica alicantina de Coca-Cola se pagaron 55 días sin tope de mensualidades y en el convenio los traslados ya se compensan con 17.000 euros.

Argumentos para reclamar

Los sindicatos, además, creen que hay muchos flancos por los que atacar el ERE que se ha presentado en los tribunales, empezando por las causas productivas y organizativas que alega la empresa -algo difícil de sostener, a su juicio, cuando la empresa mantiene cuantiosos beneficios-, o el hecho de que se negocie un sólo expediente para toda la empresa cuando aún no se había producido la integración laboral de las siete embotelladoras que han dado lugar a Iberian Partners. También alegarían «mala fe» en las negociaciones ya que se había anunciado el cierre de las cuatro plantas mucho antes de la presentación del ERE. Es decir, que estaba todo decidido antes de sentarse a negociar, según Gil.

Por su parte, la compañía también reiteró ayer su postura inamovible sobre estos cierres. «Son absolutamente necesarios para garantizar que la empresa sea viable en el futuro. No se pueden mantener once plantas al 50% de la capacidad cada una», aseguraba ayer un portavoz oficial de la firma quien, además, señaló que la empresa también descuenta ya que, incluso con acuerdo, habrá alguna impugnación en los tribunales «como ocurre con todos los ERE desde que se aprobó la reforma laboral».