«Llevó 37 años como profesor, 30 libros publicados o más y jamás me había pasado nada similar. Es un poco insólito». Con estas palabras rompía ayer su silencio Juan Antonio Ríos Carratalá, tras la reunión del consejo de gobierno de la UA. El catedrático de Literatura confirmó que va a recurrir «porque si no, se queda así», aunque no entiende cómo se ha llegado a dictar esa resolución.
Para este profesor, la ley de Protección de Datos «está concebida para sacar a personas indebidamente metidas en una lista de morosos y cosas así, no para reescribir la Historia o para borrarla». Por eso, asegura, «me cuesta entenderlo. No soy experto en leyes, actúo con el sentido común del historiador de toda la vida: no se puede falsear el dato, ser inexacto o insultar, pero esto es poner el nombre de alguien que participó en un consejo de guerra, en un acto público».
El nombre de Baena Tocón salió a la luz a raíz de darse a conocer el proceso judicial de Miguel Hernández en el año 90 y nunca ha habido ningún problema. «Ya entonces salían todos los nombres, es decir que hace treinta años que tenemos ese dato, está en los archivos militares»
Respecto a la resolución de la universidad que determina que la figura del secretario del consejo de guerra al poeta «no alcanza la consideración de figura pública», Ríos Carratalá apunta que «es un funcionario que actúa en un acto público y firma en un documento público. Si eso no es público... Si dentro de 80 o 90 años alguien tiene interés en saber cómo ponía yo las notas, lo podrá saber. Hay cosas que hacemos públicamente como funcionarios».
Es consciente de que «nadie comprende la situación» y se pregunta «¿por qué no podemos citar los nombres de las personas que actuaron en un acto público hace ochenta años?». En su opinión, «estamos hablando de historia pura y dura. Comprendo que a un chaval que pierde el DNI se le debe proteger para que su número no se divulgue, pero ¿vamos a aplicar eso a la Historia? ¿Tiene derecho al olvido un personaje histórico?».
Además recordó, tal como recoge la resolución, que había solicitado al hijo de Baena Tocón que aportase información, pero nunca tuvo contestación. «No dice que haya errores, simplemente que quite los datos».
«De cautelar nada»
El abogado de Ríos Carratalá, José Luis Romero, confirmó que habrá recurso de alzada y que cuenta con un mes para presentarlo. «Atribuyen a la resolución que es cautelar, pero de cautelar nada, es una resolución que se dicta y se ejecuta, porque si no se combate jurídicamente se queda firme».
Al letrado le sorprende la actitud del rector porque «parece que la UA no hubiera dictado esa resolución», que además «implica un acto de ejecución para quitar el enlace de internet. No estamos hablando de una cosa inocua, como lo quieren pintar». Se trata, afirma, de una resolución que «podía haber incluido que estamos hablando de datos históricos de relevancia y que se podía haber desestimado; eso hubiera sido defender el trabajo y los propios actos de la universidad».
Desde su punto de vista, «han resuelto a favor del reclamante y la explicación dice que por considerar que no se trata de una persona pública... pero vamos a ver, era secretario del consejo de guerra, eso es público, y los artículos hablan de él en esa consideración. Todos los secretarios de los juzgados, aunque ahora se llamen letrados de la Administración de Justicia, firman los decretos y diligencias; entonces tendrían que no poner sus hombres».
La legislación podría tumbar la retirada de los datos
El periódico digital «Nuevatribuna» recibe la misma petición, pero se niega a retirar el artículo publicado
La petición dirigida a Ríos Carratalá por Juan Antonio Baena, hijo de Antonio Luis Baena Tocón, hace referencia en apenas un folio a dos artículos de diferentes normativas para fundamentar su escrito. En él solicita «la cancelación de los datos personales de su padre» en diferentes enlaces, aunque solo uno afecta a la Universidad de Alicante y otro a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Uno de estos artículos es el 17 del Reglamento (UE) 2016/67 General de Protección de Datos. Este punto, que el peticionario utiliza como justificación de su demanda, es precisamente en el que la UA se podía haber acogido para rechazarla, según la defensa del catedrático.
Bajo el epígrafe Derecho de supresión («el derecho al olvido»), este artículo contempla como excepción a la supresión de datos personales «cuando el tratamiento sea necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento».
De esta forma, la polémica hubiera estado resuelta y no tendría que haber tomado parte más allá, por lo que el hijo de Baena Tocón habría tenido que acudir a la Agencia Española de Protección de Datos.
Sin embargo, en la resolución dictada por la UA se va más allá y entran en la consideración de que «la eliminación de los datos personales del afectado no hace imposible el logro del tratamiento».
Un caso similar
El periódico digital «Nuevatribuna» recibió esta semana la misma petición por parte de Juan Antonio Baena para que retirase un artículo publicado hace poco más de un año, firmado por Herminio Trigo, que fue alcalde de Córdoba desde 1986 a 1995.
En este caso, el diario sin embargo se ha negado a retirar al artículo, tras consultar además al autor del texto. «Este periódico no considera haber incurrido en falsedad alguna y no encuentra razón para 'borrar' el nombre del alférez franquista que, además, forma parte de la historiografía. Sería tanto como pedir que se retirase el nombre de Franco o de otros franquistas en todos los documentos históricos y periodísticos».
Nuevatribuna ha anunciado que pondrá este asunto en manos de abogados «para analizarlo como es debido, pero de momento no retirará el artículo ni suprimirá la referencia a Baena Tocón».
