19 de junio de 2019
19.06.2019

Historiadores contra el borrado

El mundo académico rechaza la resolución de la Universidad de Alicante de borrar de internet las referencias al secretario del juicio de Miguel Hernández, a petición de su hijo

18.06.2019 | 22:41
El catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá.

El consejo de gobierno podría revocar hoy la decisión que afecta a textos de Ríos Carratalá.

Pocos conocían el nombre de Antonio Luis Baena Tocón hasta ayer. Alferez y secretario del consejo de guerra que dictó la pena de muerte contra Miguel Hernández, aunque luego se le conmutó por 30 años de cárcel, fue uno de los protagonistas de este hecho histórico. Como tal lo menciona Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante en algunos de sus artículos y también de sus libros, como Nos vemos en Chicote.

Una mención que no es reciente aunque ha sido ahora cuando el hijo del militar ha solicitado a la UA la retirada del nombre de su padre de varias publicaciones, entre ellas una de la plataforma donde la institución académica cuelga los artículos de sus docentes y otra de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Eso fue el pasado 17 de mayo y en menos de un mes, el pasado viernes 14 de junio, el gerente de la universidad, Rafael Pla, firmaba la resolución dictada por el departamento de Protección de Datos de la UA a favor del solicitante.

La decisión sorprendió tanto al afectado como a la comunidad académica que considera fuera de lugar aceptar las presiones del hijo de Baena Tocón, con lo que so supone para la libertad de expresión y el derecho a la investigación. Y también al rector, Manuel Palomar, que ayer, cuando El País hacía pública la resolución, se encontraba de vuelta de Santander, donde había asistido a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.

Ante la polémica desatada por una decisión que, según el entorno de Palomar, no le había sido consultada, convocó una reunión en la que todo parece indicar que se iba a revocar la resolución, aunque será hoy, tras el consejo de gobierno, cuando se dé a conocer el resultado de esa reunión.

Sobre todo, teniendo en cuenta que el nombre de Baena Tocón aparece en diferentes artículos y publicaciones, no solo firmados por Ríos Carratalá; que a principios de los 90, cuando aún vivía el afectado, el fiscal Miguel Gutiérrez hablaba en de su figura en el libro Proceso y expediente contra Miguel Hernández (ensayo jurídico sobre el derecho represor franquista, 1936-1945) y nunca hubo ningún tipo de denuncia, además de que la documentación sobre la que ha investigado se encuentra en archivos públicos. Y también, considerando que su nombre aparece ahora en multitud de webs, blogs y, sobre todo, redes sociales donde ha sido tendencia. Un «efecto Streisand» de libro, ya que el deseo de ocultar la información lo que le ha dado es mucha más visibilidad.

El caso es que la universidad determinó que el militar «no alcanza la consideración de figura pública» por lo que «debe garantizarse la protección de derecho de supresión y el derecho al olvido digital del afectado», según recoge la resolución. Por lo tanto, procedió a «adoptar las medidas tecnológicas para que la publicación El caso Diego San José y el juez humorista no pueda ser indexada por los buscadores de internet al introducir los nombres y apellidos del solicitante en el buscador de internet», de manera que ya no se accede al documento publicado.

En cuanto al artículo publicado en la BVMC, como medida cautelar Ríos Carratalá pidió que el nombre se sustituyera por las iniciales y, finalmente, el domingo retiró la publicación de la UA al no estar de acuerdo con las condiciones en que se mantenía.

Reacciones académicas


Rechazo es la palabra que mejor define la sensación con la que se ha recibido en el ámbito académico y cultural esta decisión. Así lo ve Jesús Pradells, en su doble vertiente de director de la Biblioteca Virtual y de catedrático de Historia. «Ríos Carratalá me envió un documento pidiendo que cambiáramos el nombre de Baena Tocón por las iniciales... yo no lo habría hecho, pero si lo pide el autor no me puedo negar, eso sí, especificamos en una anotación que se hace por el requerimiento de un familiar».

Pradells asegura que «como historiador, como persona y con la ley en la mano, no estoy de acuerdo con esta decisión, me parece una barbaridad; ahora el primo de Billy El Niño puede decir que lo borren también».

Emilio La Parra, catedrático de Historia Contemporánea de la UA, lo tiene claro. «Yo creo que Juan Antonio Ríos Carratalá tiene razón». En su opinión, «si en la documentación le sale el nombre de este señor, él, como historiador, está obligado a ponerlo, no se puede borrar la historia, sea quien sea y afecte a quien afecte».

La Parra es tajante. «Es una barbaridad borrar el nombre de una persona porque participó en un hecho histórico y en un proceso de una persona muy relevante, más cuando se trata de publicaciones rigurosas, como es el caso».

En su opinión, la universidad «se ha pasado de frenada por un exceso de prudencia, que me parece que no es propio de una institución como esta. Hay que dejar que la investigación se desarrolle con toda libertad».

El escritor y autor de la biografía de Miguel Hernández, José Luis Ferris, lo achacó a «una decisión unipersonal» y «me parece increíble que a la altura que estamos de la democracia y tan lejos del franquismo, todavía nos encontremos en una situación como esta, cuando se basa en una documentación y el nombre de gente que participó en esa refriega no se puede ocultar». El escritor espera «que no sea definitivo porque estaríamos retrocediendo décadas».

Armando Alberola, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Alicante y miembro del consejo rector de la UA, afirmó que será hoy cuando dé su opinión sobre este tema, al acabar esa reunión anunciada por el rector. No obstante quiso aclarar que la decisión la ha tomado el Consejo de Dirección de la universidad , «no la Universidad de Alicante, que es un colectivo».

Abogado


Como «una resolución que en términos jurídicos no se sostiene», define el abogado de Juan Antonio Ríos, José Luis Romero, este documento. «La competencia de la gerencia, que es quien la dicta, no está nada clara». Además, considera que se basa en reglamentos europeos y españoles de protección de datos personales, «pero el asunto aquí no es de datos personales sino de datos históricos». Es «como si los nietos de Franco escribieran a todas las editoriales para que retiren el nombre de su abuelo. Eso no tiene sentido».

Otra puntualización es que Ríos «no habla de la infancia y juventud de ese hombre, sino que se le cita como secretario del consejo de guerra que juzga a Miguel Hernández, por lo que no es cuestión de legislación ordinaria sino de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de cátedra y de investigación».

Romero destacó ayer, antes de saber que hoy se dará a conocer la decisión, que el rector se iba a reunir con su cliente. «Vamos a esperar porque si se revoca la resolución, aquí se ha acabado, pero si no, entonces agotaremos la vía administrativa y después iremos a los tribunales». De hecho, «estamos trabajando» en un recurso de alzada por si acaso.

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