El pliego de condiciones para la venta de Ciudad de la Luz aprobado el pasado martes no recoge como exigencia para la adjudicación que el destino final sea el audiovisual, un aspecto criticado por los grupos de la oposición, que consideran que desvirtua el potencial de esas instalaciones, pero que sin embargo el vicepresidente del Consell, José Císcar, rechaza. «No puede ir alguien que compre un lote y poner un restaurante, porque por el tipo de instalaciones que hay solo puede tener un uso audiovisual». Así lo afirmó ayer, asegurando que «lo que manda ahí es el uso urbanístico que marca el Ayuntamiento de Alicante», que pasa por un destino «que se define como recreativo y cultural».

También destacó que hay «un uso predominante y luego un porcentaje pequeño que se puede dedicar a servicios pero para complementar el uso principal».

Tal como se había adelantado, el complejo cinematográfico se venderá en seis lotes, por un precio total que se había estimado en unos 90 millones de euros y que al final se ha concretado en 94,4. El pliego incluye también, como se estableció desde el principio, que primará «la oferta económica más ventajosa», de manera que si la cantidad que se ofrece por la totalidad es superior a la suma de las que se ofrecen por cada una de las seis partes, se adjudicará a un comprador único. Y al contrario.

Los lotes son los platós 1 y 2 con el edificio de producción (16,84 millones), los platós 3 y 4 con su edificio de producción (23,37 millones), los platos 5 y 6 con su edifico de producción (16,5 millones), los talleres y almacenes (19 millones), el backlot 1 (5,7 millones) y el foso de agua y el backlot (12,4 millones). De esta manera, quedan fuera el Centro de Estudios, el edificio de restauración, el de oficinas, los aparcamientos subterráneos y en superficie, la zona comercial y la zona hotelera.

El precio total de salida es otro de los aspectos más criticados ya que si la venta del complejo se justificó por los 265 millones de euros que la Comisión Europea considera que debe devolver Ciudad de la Luz a la Generalitat por las ayudas recibidas de forma contrarias a la ley265 , los 94,4 millones que se esperan conseguir no cubren ni la mitad de esa cantidad.

José Císcar destacó en este sentido que «se va a devolver lo que se saque por la venta, lo que no se saque pues no se podrá pagar porque no hay dinero. La Unión Europea lo sabe y así lo ha aceptado».

Las críticas también se centran en el hecho de que se apruebe el pliego cuando empieza la campaña electoral y que por el plazo establecido de 60 días para presentar las ofertas, a partir de la publicación tanto en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana como en el de la UE que será mañana o pasado, tendrá que asumir la adjudicación el nuevo gobierno, lo que supone «hipotecar» las acciones que se pudieran realizar.

«Quien diga eso está haciendo demagogia porque es un mandato de la UE. El pliego está consensuado con la UE y las condiciones pactadas», dijo Císcar.

Sin embargo, el candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSPV, Ximo Puig, definió como «impresentable» este hecho «porque arruina las expectativas de los valencianos» y afirmó que «quieren arruinar este complejo hasta el final». En este sentido, confirmó que «nuestra vía es un acuerdo con la UE para el pago y buscar una solución que sea la mejor para el sector audiovisual». Y aseguró que «es todo un acto de cinismo venderlo porque no va a solucionar el pago».

Por su parte, Esther López, candidata a las Cortes por Alicante, insistía en que «se dedique a la función para la que fue creada». «Después del fiasco y el absoluto desastre al que nos han llevado con la Ciudad de la Luz pedíamos por lo menos que no se vendiera por lotes y se destinase a su función original». Su planteamiento era incluso recuperar el Centro de Estudios para reflotarlo, «pero al PP no le ha interesado nunca». «Nos tememos que habrán dejado todo atado y bien atado para después de las elecciones para sus intereses y los de sus amigos».

Para Compromís se va a «malvender» el complejo, según Mireia Moyà. «Lo que habría que ver es qué valoración tienen los lotes que dejan fuera», porque lo que se vende «no llega ni a la mitad de lo que se debe». No obstante, «depende de una sanción europea y hay que negociar las posibilidades de cumplirla con el menor perjuicio para los ciudadanos» y «no creemos que el PP haya hecho la mejor negociación posible».

Carolina Punset, de Ciudadanos, lo calificó de «vergüenza», por «el bajo precio» al que se vende y que no se condicione la adjudicación a que «siga destinado a su uso original, el audiovisual» para que sea «un motor económico».

Por su parte, Juan Antonio Iniesta, socio local de Cinemar Partners, grupo norteamericano interesado en la compra, afirmó que «habrá que esperar a conocer el pliego y, sobre todo, al 25 de mayo, porque será el nuevo gobierno quien lo adjudique».