El pleno de Benidorm aprobó ayer instar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes a que regularice los pagos pendientes a los colegios públicos de Benidorm y que ascienden a más de 350.000 euros. Sobre todo, se pide celeridad en la liquidación de las cantidades adeudadas en materia de comedor y becas de 2019.
La moción fue presentada por la concejala de Educación, Mayte Moreno, quien señala que «los colegios públicos pueden ver alterada la prestación de sus servicios ante la falta de recursos procedentes de la Generalitat», haciendo especial hincapié en que «en el caso de comedores escolares, becas y funcionamiento, supondría un grave lastre para el desarrollo de sus actividades».
La moción fue aprobada con los votos a favor de los 25 miembros de la corporación. No obstante, desde el Grupo Municipal del Partido Socialista, su portavoz Rubén Martínez, pidió «que se facilite a la oposición la documentación en la que conste que antes de llevar esta moción al pleno, se ha efectuado la reclamación en tiempo y forma ante la Dirección Territorial de Educación».
Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Juan Balastegui, calificaba la moción como «oportunista» y lamentaba que así como ahora se reclama el pago de esta deuda, no se haya aprovechado el encuentro sostenido con el President de la Generalitat, Ximo Puig, en días pasados durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, para reclamar estas cuestiones y otras como los barracones del IES Pere María Orts i Bosch».
Unidad
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, aseguraba ayer que la moción es «oportuna» y que «es importante que haya unidad por parte de toda la corporación, para reclamar a la Generalitat que cumpla con sus compromisos con los centros educativos».
Tal y como ya publicó este diario, el caso más preocupante es el del CEIP Gabriel Miró, un Centro de Acción Educativa Singular (CAES) donde más del 30% del alumnado presenta dificultades de inserción escolar por encontrarse en situaciones cercanas a la exclusión social. A día de hoy este centro está a la espera de poder cobrar algo más de 40.000 euros en concepto de gastos de funcionamiento, ayuda a comedor y biblioteca correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Otros acuerdos
Por otra parte,el pleno aprobó ayer la ampliación del contrato de mantenimiento de parques y jardines para incorporar las nuevas zonas verdes creadas en la ciudad desde la firma del contrato a mediados de 2017. Se trata del parque de la Séquia Mare y el entorno del nuevo apeadero del TRAM, que suman más de 67.000 metros cuadrados. En este punto la oposición se ha abstenido, alegando que, con esta modificación, prácticamente se ha agotado la posibilidad de ampliar este contrato para atender futuras áreas verdes en la ciudad, por lo que se ha pedido que se estructuren mecanismos para atender esas necesidades de forma anticipada.
También por unanimidad, el pleno ha aprobado la adhesión de Benidorm a la Red Española de Ciudades por el Clima. Por otro lado y por mayoría, se autorizó ayer la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos en la avenida de Montecarlo y otros dos puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos en las avenidas Europa y l'Aigüera. Estos puntos también permiten la carga simultánea de dos vehículos.
Moción solidaria a favor del trasvase Tajo-Segura
El pleno de Benidorm se adhirió a otros municipios de la provincia con la finalidad de que el trasvase Tajo-Segura tenga continuidad. La finalidad de esta iniciativa es la de garantizar que se siga abasteciendo de agua, principalmente a los regantes de toda la provincia a través de ese acueducto, tal y como explicó la portavoz del gobierno, Lourdes Caselles.
En este acuerdo también se plantea negociar un Pacto Nacional del Agua e impulsar un Plan Estatal del Agua y se pide que se desarrolle un Sistema Integral de Gestión del Agua. Caselles explica que con esto se pretende «dar cumplimiento a los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera». La moción contó con el apoyo de los 25 concejales.
