La inminente aprobación del real decreto que permite la jubilación anticipada a la Policía Local y el elevado número de agentes que podrían acogerse a este derecho a partir del próximo 2 de enero obligará al Ayuntamiento de Benidorm a tener que privatizar determinados servicios que hasta ahora tenía encargados a la Policía Local para poder seguir prestándolos sin necesidad de sacar a más efectivos de la calle. Así lo ha avanzado el concejal responsable del área de Seguridad, Lorenzo Martínez, después de que este diario adelantara días atrás que la ciudad turística será una de las que peor paradas saldrán de toda la provincia con el adelanto de la edad de jubilación a los 59 años: 31 agentes se jubilarán de golpe a partir del segundo día de 2019 y otros ocho a lo largo de todo el año, lo que sumado a los ocho que ya se han jubilado en 2018 elevan a 47 la reducción de efectivos en la ciudad en menos de dos años.

Esta situación dejará bajo mínimos al cuerpo local de seguridad. O, atendiendo puramente a las cifras, la plantilla pasará de 237 a 190 agentes para hacerse cargo de la seguridad de una población oficial de 66.831 vecinos pero que en la práctica, debido a la población flotante que genera el turismo, en ningún momento del año baja de los 150.000 personas y alcanza picos que rozan el medio millón en temporada alta. En otras palabras: con un policía local por cada 351 ciudadanos censados o, en el peor de los casos, con un agente por cada 2.000 personas en temporada alta.

Personal externo

Ante esta situación, la jefatura de la Policía Local y el propio Ayuntamiento quieren evitar por todos los medios que la presencia de policías en la calle no se vea mermada. Y, aunque la mayoría de agentes que ahora serán baja por jubilación no están de servicio efectivo en la calle desde hace años, sino que ejercen la llamada «segunda actividad», la necesidad de mantener ciertos servicios que hasta ahora desarrollaban estos policías va a obligar al Consistorio a contratar personal externo para poder seguir prestándolos.

¿Cuáles son estos puestos? Por un lado, el concejal de Seguridad explicó que la Policía Local dejará de vigilar y controlar las entradas de edificios municipales donde ahora siempre había un agente. El único sitio donde sí se mantendrá policías será en la entrada del Ayuntamiento. En el resto, desaparecerán todos. Por ejemplo, en centros sociales, la biblioteca o las dependencias de las concejalías de Bienestar Social, Igualdad y Sanidad, entre otras. En su lugar, el Consistorio contratará controladores de acceso para sustituir la labor que hasta ahora venían desempeñando los policías.

Por otro lado, el Ayuntamiento también contratará una empresa privada de teleoperadores para gestionar las llamadas y comunicaciones de la central de la Policía Local, de modo que no sean los propios agentes, sino personal externo, quien se ocupe de coger el teléfono y distribuir los avisos. Algo similar como lo que ya ocurre con el 112.

El concejal Lorenzo Martínez no pudo cuantificar qué coste tendrán estas dos medidas para las arcas públicas, pero señaló que, de forma inminente, es la única manera de que la jubilación de estos 47 agentes no acabe afectando a las patrullas que están de servicio en la vía pública.

Reajuste de la segunda actividad

Por último, dentro de las medidas que se van a adoptar de manera inminente, el Consistorio también revisará el catálogo de puestos que hasta ahora ocupaban agentes de segunda actividad -a la que los funcionarios se pueden acoger por razones de enfermedad, por tener más de 55 años o por llevar más de 25 de servicio- para evitar que algunas de estas plazas estén «sobredimensionadas».

En cualquier caso, el concejal de Seguridad reconoció que estas medidas son las que se van a adoptar de manera más rápida, pero, como ya viene haciendo desde hace semanas, insistió en la necesidad de que desde el departamento de Personal se dé solución de una vez y se reactive el proceso selectivo para contratar a 15 agentes que quedó paralizado a principios del pasado mes de octubre, después de que un opositor denunciara supuestas filtraciones del examen tipo test para beneficiar a algunos aspirantes. Lorenzo Martínez indicó que la contratación de agentes es «de extrema necesidad» y que es necesario aclarar la denuncia y desbloquear la situación «de una vez».