Se trata de una reivindicación histórica de los sindicatos de la Policía Local pero va a convertirse en un grave problema para muchos ayuntamientos a partir del próximo 2 de enero. La inminente aprobación por parte del Gobierno central del nuevo real decreto que permitirá la jubilación anticipada de los agentes locales a partir de los 59 años (con 37 años de ejercicio) va a provocar que los principales municipios de la provincia pierdan de un plumazo más de 200 agentes, sin que en ninguno de ellos exista por ahora un «plan B» viable para reponer de manera más o menos inmediata estas plazas. Así lo han expuesto a este diario distintas fuentes consultadas, según las cuales Alicante, Elche y Benidorm serán las ciudades más afectadas y donde más palpable se hará la reducción de funcionarios de estos cuerpos.
En Elche, un total de 40 agentes, de una plantilla de 350, están en disposición de acogerse al real decreto que está previsto que se publique en cuestión de días (algunos apuntan a que se hará efectivo en el consejo de Ministros de la semana próxima) para abrir la puerta a la jubilación en la Policia Local. El jefe del cuerpo, César Zaragoza, dijo que alrededor de treinta policías; es decir, algo más del 8% de la plantilla, se acogerán a él y que los otros diez restantes no han tomado una decisión. En su mayoría los que se irán son funcionarios de la escala básica, que prácticamente no perderían retribuciones con respecto al sueldo que ahora perciben. En cambio, por lo que se refiere a los de la escala ejecutiva o de mando, hay que ver qué deciden uno por uno. En Elche, como en el resto de municipios de la provincia, de la Comunitat y de todo el país se presenta un problema muy grave para poder cubrir servicios y montar los organigramas de trabajo y, aunque este real decreto se veía venir, hasta que estas plazas no estén vacantes no se podrán convocar nuevas oposiciones, aunque la mayor parte de las plantillas tiene en estos momentos puestos que durante los últimos años han quedado sin convocarse por las medidas de ahorro que impuso el exministro Cristóbal Montoro en plena crisis.
Es decir, ya existían muchas plazas libres y cientos de aspirantes pendientes de las convocatorias. Al respecto, el alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), anunció en la festividad del patrón que el Ayuntamiento está por la labor de convocar plazas (en la ciudad está previsto cubrir hasta 200 vacantes de funcionarios en distintos departamentos pero, especialmente, en la Policía Local). Pero de aquí a entonces la situación que se plantea no es fácil porque las policías no pueden contratar interinos, con lo que tendrán que echar mano de agentes de refuerzo y resolver el problema como buenamente puedan.
En Alicante, la actual plantilla de la Policía Local está conformada por un total de 580 agentes. De ellos, 45 podrían acogerse a la jubilación anticipada desde principios de año, a los que a lo largo de todo 2019 se sumarán otros 47. En total, 92 agentes menos. O dicho de otra manera, el 16 por ciento de la plantilla que presta servicio para el Ayuntamiento de la capital.
Algo similar ocurrirá en Benidorm, donde la plantilla de la Policía Local es en la actualidad de 229 agentes. Desde que se implantaron los recortes y la no reposición de plazas, las jubilaciones, fallecimientos y bajas han generado en este cuerpo policial un déficit de casi 50 profesionales. Ahora, tras abrirse la puerta a la jubilación anticipada, la ciudad podría perder otros 39 policías: 31 de forma directa a partir del 2 de enero, más otros ocho que cumplirán la edad exigida a lo largo de 2019. Con todo, la plantilla se quedará con la pírrica cifra de 190 agentes para hacerse cargo de la seguridad de una población oficial de 66.831 vecinos pero que en la práctica, debido a la población flotante que genera el turismo, en ningún momento del año baja de los 150.000 personas y alcanza picos que rozan el medio millón en temporada alta. En otras palabras: con un policía local por cada 351 ciudadanos censados o, en el peor de los casos, con un agente por cada 2.000 personas en temporada alta. Casi nada.
Abrir la contratación de interinos
En el caso de Torrevieja, la Policía Local perderá nueve de sus 165 agentes; en Alcoy se podrían jubilar 11 de los 120 efectivos que forman la plantilla; en Elda, siete de 119 y en Orihuela, 12 de 140 policías.
Para paliar en la medida de lo posible los efectos de este real decreto sobre un cuerpo básico para los municipios en materia de tráfico, seguridad vial o seguridad ciudadana, muchos ayuntamientos llevan meses reclamando a la Generalitat que abra la puerta a la contratación de agentes interinos, una práctica vetada por el Consell en la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, aprobada a finales del pasado año. Días atrás, mandos policiales de toda la Comunidad se reunieron con el director general de Seguridad y Emergencias de la Generalitat para volver a reclamar que levante temporalmente el veto a los interinos como medida más ágil para paliar la reducción de agentes.
