Revés del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana al Ayuntamiento de Benidorm por no cumplir a rajatabla el plan de ajuste aplicado en plena crisis que obligaba, entre otras cosas, a suprimir las plazas que estuvieran vacantes en el momento de la aprobación del citado documento económico. Un compromiso que eludió el PSOE, que entonces gobernaba con el CDL de Gema Amor, en el caso de dos puestos de altos funcionarios. Ahora, el TSJ ha fallado contra esta decisión, según ha podido saber este diario tras tener acceso a una sentencia del pasado mes de junio, después de que el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) recurriera la misma por la vía contencioso administrativa, sin éxito, y el caso terminara en el máximo órgano judicial autonómico. Pero para llegar a comprender todo este embrollo hay que remontarse cinco años atrás.
Junio de 2012. El Ayuntamiento de Benidorm aprueba un restrictivo plan de ajuste para contener el gasto municipal en plena crisis y dar una tregua a las maltrechas arcas locales. El citado documento obliga, entre otras cosas, a amortizar todos aquellos puestos vacantes en el momento de aprobación del plan económico en cuestión. O dicho de otra forma, suprimir todas aquellas plazas que no estén cubiertas por interinos en esa fecha. En cambio, unos meses después, en octubre de 2012, el pleno aprueba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio e incluye las plazas de jefe de departamento de Recursos Humanos (RRHH) y de ingeniero jefe. Acto seguido, el SPPLB denuncia este hecho al recordar que ambas plazas no están ocupadas interinamente pero desde el PSOE -que entonces gobernaba en coalición con el CDL- justifican que se trata de una excepción y siguen adelante. El asunto acaba en los tribunales.
El frente abierto por el SPPLB por la vía contencioso administrativo terminó en junio de 2014 con una victoria para el Ayuntamiento. El magistrado desestimó entonces la demanda del sindicato al considerar que los puestos en entredicho habían sido cubiertos de forma transitoria. Además, fundamentó su decisión en la falta de legitimación del SPPLB para denunciar estos hechos. Ahora, en cambio, tres años más tarde, el TSJ sí ha aceptado el recurso de apelación presentado por la central sindical para revocar la decisión inicial y demostrar que la RPT que aprobó el Ayuntamiento en octubre de 2012 es «contraria a derecho».
Así, en el reciente auto del TSJ, al que ha tenido acceso este diario, se expone que «en el plan de ajuste se habla de puestos vacantes -no cubiertos por interinos-». A renglón seguido, se expone que «de los documentos que se aportan por la Corporación demandada no cabe extraer la conclusión de que esos dos puestos están ocupados por interinos: tal como se alega por el apelante». Con este argumento, el TSJ tira por tierra la sentencia emitida por un juzgado ordinario en junio de 2014 y da la razón al SPPLB.
En concreto, en el auto se indica que «se constata, en relación con el primero de los puestos, que se trata de un puesto, el de jefe de Recursos Humanos, que está vacante desde octubre de 2011». Asimismo, el tribunal indica en la sentencia que otro trabajador municipal «viene desempeñando esas funciones que se le ven modificadas atribuyéndose la percepción del complemento específico propio del puesto de jefe de Personal; si hubiera ocupado interinamente el puesto sobraría esa referencia». El documento dice que «lo mismo ocurre en lo que respecta al otro puesto». De hecho, el trabajador que lo ocupó fue nombrado jefe de Obras y además se dice que asumirá las funciones de ingeniero jefe. Con otras palabras, que dos empleados públicos percibieron complementos salariales por realizar las funciones ligadas a unas plazas que deberían haber sido suprimidas a causa de los recortes y que ya han sido ocupadas por otros trabajadores pese a que con esta sentencia la continuidad de las mismas queda en el aire.
Futuro incierto
No obstante, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación. De hecho, el Ayuntamiento ya ha iniciado el trámite para interponerlo, como se indica en un decreto firmado por el alcalde esta misma semana, al que ha tenido acceso este diario. Con este paso, el Consistorio quiere mantener los puestos de estos dos miembros de la plantilla, como explicaron ayer fuentes municipales a preguntas de este periódico.
Desde el SPPLB calificaron las actitudes del anterior gobierno como «caciquiles y prepotentes» y que, a su juicio, «llevaron a cabo una nefasta gestión» de los recursos humanos. «Llegaron a amortizar 19 plazas de agente de la Policía Local, de gran importancia para corregir el déficit que acarreaba la plantilla y, sin embargo, se lo saltaban a la torera y lo incumplían sistemáticamente cuando se trataba de beneficiar a sus allegados».
No hay que olvidar que, por otra parte, la gestión en materia de contratación del anterior ejecutivo municipal ha sido puesta en tela de juicio y, de hecho, los tribunales están investigando al exalcalde Agustín Navarro por presuntas irregularidades en los procesos de selección de personal.
