La nueva Ley del Taxi aprobada ayer por el pleno del Consell ha puesto en pie de guerra a los taxistas de la Comunidad Valenciana. La Unión de Asociaciones de Taxis (UATCV), la principal agrupación de conductores, con más de 2.700 asociados en las tres provincias, anunció ayer alegaciones al texto y otra serie de medidas de presión, como manifestaciones o un cordón de taxis ante la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Territorio, que abarca también las competencias en materia de transportes y que gestiona la socialista María José Salvador. Consideran que la normativa «atenta de lleno contra los intereses del sector» y «pone en peligro derechos» adquiridos por el gremio «desde hace décadas», según explicó ayer el presidente de la UATCV, Ismael Arraez, quien además rechazó que la misma haya contado con el consenso del sector y podría llevar «a la ruina a entre 500 y 600 familias».

La junta directiva de esta agrupación se reunió ayer en la sede de RadioTaxi en Benidorm para valorar aspectos de la nueva ley y acordar los pasos que tomarán de ahora en adelante. Para ello cuentan con el asesoramiento del exalcalde de Elche, el también socialista Alejandro Soler, que confió en que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad ponga freno a muchos de los aspectos que plantea la normativa.

Entre los aspectos más cuestionados por los taxistas está la prohibición de que un mismo conductor pueda acumular varias licencias en propiedad, al abogar por el precepto de «un conductor, un taxi», cuando hasta ahora se permitía a un mismo particular contar con un máximo de tres licencias. El nuevo texto dará un plazo de dos años para que se haga la transmisión de las licencias a otra persona física en casos de acumulaciones, a no ser que cambien uno de los coches por un vehículo adaptado, una medida que, para la Unión, es «totalmente dictatorial». Igualmente, también recelan de otro de los apartados de la ley, que impide que viudas, jubilados y pensionistas que estén en disposición de una licencia puedan mantenerla contratando a un chófer, y les obliga igualmente a desprenderse de ellas en dos años.

Por último, el texto aprobado por el Consell también reduce los requisitos para poder constituir un área de prestación conjunta, que hasta ahora debía ser aprobada por dos tercios de los municipios afectados o por los que engloben al 75% de la población, una cantidad que ahora se reducirá al 50%, «quitando potestad de decisión a los taxistas», aseguró Ismael Arraez.

Por su parte, la Generalitat defiende que la nueva ley mejorará la profesionalización del sector y fomentará el aumento de vehículos adaptados.