No hay un riesgo inminente de caída. Esa es la conclusión inicial a la que han llegado los técnicos municipales de Benidorm a simple vista sobre las viviendas que siguen en pie en la zona de Armanello, según explicó ayer la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, a este diario. Estas casas en la actualidad están ocupadas de manera irregular por decenas de familias en riesgo de exclusión social y su derribo viene coleando desde hace años.
Las casas en cuestión fueron hace décadas el lugar de veraneo de muchas familias. Pero el plan parcial con el que se pretendía urbanizar la zona, adjudicado al empresario Enrique Ortiz, contemplaba la demolición de las mismas, lo que provocó que sus propietarios abandonaran las viviendas a la espera de su derribo y posterior compensación económica. Sin embargo, diferentes litigios y recursos judiciales fueron enquistando el proyecto y el constructor nunca llegó a cumplir con su obligación. Los inmuebles quedaron desprotegidos, lo que dio vía libre a su ocupación de manera irregular y terminó por convertirse en el foco de delincuencia que representa ahora este sector.
Una situación que ha ido empeorando con el paso del tiempo y que, de momento, no tiene visos de solucionarse, al menos a corto plazo. De hecho, la retirada de la condición de agente urbanizador a Ortiz tras los múltiples incumplimientos sobre la zona, que aprobó el Consistorio a principios de este año, todavía complica más la problemática ya que ahora es la autoridad municipal la que debería actuar de forma subsidiaria en caso de que se detectara una ruina técnica en estas viviendas ocupadas. No hay que olvidar que, ahora mismo, el suelo está desprogramado por lo que tan solo los propietarios de las casas abandonadas o, en última instancia, el Ayuntamiento de forma subsidiaria pueden garantizar el buen estado de los inmuebles. De ahí que la oposición venga reclamando un estudio para conocer el estado de las casas y ejecutar su demolición si son declaradas en ruina.
Así las cosas, hace unos meses, PSOE, Compromís y Liberales presentaron una moción conjunta para declarar en ruina las viviendas y permitir así su derribo. Una forma de acabar con la degradación de este sector. Pero la propuesta no fue aprobada y Caselles recalcó la necesidad de realizar un estudio previo para conocer la situación real de las mismas.
Pues bien, la inspección ocular realizada por los técnicos descarte que haya una «ruina inminente» y posterga, de nuevo, la demolición de las casas. «Los técnicos no consideran que haya un riesgo inmediato y tendrán que estudiar cada vivienda a fondo», señaló ayer la edil de Urbanismo. Así lo traslado también en las comisiones informativas celebradas el pasado lunes ante una pregunta del grupo Compromís sobre el estudio de las viviendas. Una respuesta que no ha terminado de convencer a la oposición.
El portavoz de Compromís, Josep Bigorra, reclamó ayer un análisis en profundidad cuánto antes así como el estudio sobre la viabilidad de que el Consistorio gestione de forma directa el desarrollo del suelo.
Por su parte, el representante del PSOE, Rubén Martínez, insistió en que los técnicos hagan un informe sobre el estado de las casas. «Cómo no van a estar en ruina si hay hasta chabolas», espetó el edil socialista.
