La unión hace la fuerza. La Concejalía de Urbanismo de Benidorm ha remitido al Servicio Provincial de Costas de Alicante un total de 93 escritos de adhesión a las alegaciones que presentó el Ayuntamiento sobre el deslinde que quiere implantar el Ministerio. Los autores de dichos textos son la patronal hotelera Hosbec, 9 hoteles, 14 administraciones de fincas, 10 comunidades de propietarios y 59 inmuebles situados en primera línea del frente litoral, afectados por la nueva demarcación marítimo terrestre que proponen desde Costas.
El pasado 21 de noviembre el Ayuntamiento remitió al Servicio Provincial una serie de precisiones sobre el proyecto de deslinde en Benidorm y que, según Urbanismo, afecta a más de 3.000 unidades catastrales (viviendas y unidades de alojamiento turísticos). Sobre todo, a las situadas en la calle Virgen del Sufragio, avenida de Alcoy y avenida de Madrid. Las alegaciones se basaban en informes realizados por el arquitecto municipal, el ingeniero técnico de topografía municipal y la Jefatura de Ingeniería.
Estas reclamaciones se enviaron de manera urgente, debido a que el plazo para presentarlas acababa el día 22. No obstante, fueron ratificadas por el pleno el día 24 de manera unánime. «Después nos reunimos con los hoteleros y con las comunidades propietarios más afectadas por dicha delimitación y les remitimos las reclamaciones a Costas que el Consistorio ha realizado al respecto, en base a los informes antes citados. Acto seguido, se realizaron las 93 adhesiones a nuestras reivindicaciones», afirmó ayer el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra.
Los principales aspectos que reclama el Consistorio son que se respete el deslinde tal y como consta en el Plan General aprobado en 1990; que se modifique la posición de la ribera del mar, ya que afecta a muchos edificios situados en primera línea de la playa, pasando la zona de servidumbre en algunos casos por debajo de los voladizos de algunos de estos bloques; y que se acepten la soluciones técnicas propuestas por los técnicos municipales sobre la zona de servidumbre de tránsito en la zona del Casco Antiguo-Punta Canfali, Plaza de Canalejas y Plaza del Torrejó.
Con respecto a este punto, el concejal critica que «se ha situado la zona tránsito en las rocas de Punta Canfali, lo cual no tiene sentido y perjudica a algunos hoteles que dan a esta área acantilada, impidiéndoles realizar obras imprescindibles para la continuidad de su negocio», reseñó. También se indica que en la playa de Poniente la línea de dominio público se disponga con igual criterio que el que han pedido para la de Levante. En el paseo urbano, ajustado al borde exterior del mismo.
Ivorra explica que la propuesta de Costas perjudica a todos los hoteles de primera línea de Levante menos al Selomar y a los apartamentos La Barca del casco antiguo, que en un primera tanda de alegaciones son los únicos que han quedado desafectados. «Sólo pedimos que se aplique el mismo criterio que se ha tenido en estos edificios al resto. Todo esto está por encima de las siglas políticas», destaca, en clara referencia a que el Selomar pertenece a la familia del senador Agustín Almodóbar, del mismo partido que los dirigentes actuales de Costas, el PP.
Urbanismo quiere esperar un tiempo prudencial para que Costas considere las alegaciones y los escritos, y una vez transcurrido volver a pedir una reunión con la jefa del Servicio Provincial del servicio.
