El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy el convenio pactado con el constructor alicantino Enrique Ortiz para iniciar los trámites de legalización de la estación de autobuses. La moción ha salido adelante con los votos en solitario del gobierno local, formado por PSOE y CDL, la abstención del PP y el voto en contra del concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer.
Como ya avanzó la pasada semana este diario, la decisión municipal pasa por rescindir de mutuo acuerdo la adjudicación realizada a Ortiz en el año 2002 para construir y explotar la terminal de autobuses, legalizar el exceso de obra que el empresario ejecutó y volver a sacar a concurso público la gestión de la terminal en un plazo máximo de 3 meses. La nueva adjudicataria debería compensar al contratista con 27 millones de euros por el coste de la edificación y, en el caso de que el concurso quedara desierto, sería la misma empresa, participada por Ortiz y la mercantil Auplasa, la que seguiría gestionando la instalación, aunque ahora con toda la superficie ya legalizada.
El acuerdo tiene por fin dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana del año 2007, ratificada en 2012 por el Tribunal Supremo, que anulaba la ampliación del contrato autorizada en 2003 por el pleno para que Ortiz pudiera incrementar la zona comercial anexa a la Estación, inicialmente prevista en 500 metros cuadrados y en la que acabó construyendo 10.000.
Tanto PSOE como CDL han afirmado que, con este convenio, se busca dar carpetazo a una ilegalidad «enquistada desde hace demasiado tiempo» y han asegurado que es «la mejor opción», puesto que el Ayuntamiento no tendrá que desembolsar ni un euro de las arcas municipales.
Por su parte, tanto el grupo municipal del PP como el edil no adscrito han lamentado no haber sido invitados a participar en ninguna de las reuniones de la comisión paritaria en la que se ha fraguado este acuerdo. Asimismo, han expresado sus dudas acerca de que al constructor se le vaya a indemnizar »de forma excesiva» o que el Ayuntamiento no vaya a percibir ninguna contraprestación por las infracciones urbanísticas cometidas en su día por Ortiz.
Otros asuntos
Al margen de esta moción, el pleno ha acordado por unanimidad diversos asuntos contenidos en el orden del día, como la modificación de la Ordenanza Municipal número 2 de Usos de las Zonas de Uso Público, para incrementar las sanciones a quienes realizan publicidad de excursiones ilegales en las calles, popularmente conocidas como excursiones de «manteros»; la firma de un convenio con la Fundación Oil Free Ocean, para la instalación de contenedores en la vía pública para la recogida selectiva de aceites domésticos; varias compatibilidades a funcionarios; la cuenta general y la memoria económica municipal del año 2013; la entrega de la Distinció Cultural 9 d'Octubre al profesor Pasqual Almiñana o la denominación de una plaza pública con el nombre de «Mariners i Almadravers de Benidorm».
Otro de los asuntos que ha generado más debate es la propuesta del PSOE para mostrar al Gobierno de España el rechazo del Consistorio a la modificación de la Ley Electoral propuesta por Rajoy, que permitiría la elección directa de alcaldes en las listas más votadas. Socialistas, liberales y edil no adscrito han apoyado la moción en bloque, mientras que el grupo municipal del PP ha votado en contra, al considerar que esta ley se incluye dentro de un paquete de medidas para atender a muchas peticiones ciudadanas, como la reducción del número de políticos aforados. En el debate, ha habido un duro cruce de acusaciones entre el gobierno local y el PP. Los primeros han afirmado que los populares pretenden «cambiar las reglas del juego a mitad del partido», estando a las puertas de las próximas municipales, para poder «mantenerse en el poder», debido a que las encuestas en muchos municipios de España «les son desfavorables».
Por su parte, el portavoz del PP ha contraatacado acusando al PSOE de haber «distorsionado» la voluntad de los ciudadanos al firmar en 2009 la moción de censura para desalojar al PP de la Alcaldía, pese a que obtuvo en las urnas la mayoría absoluta. En este punto, el alcalde ha tomado la palabra para reconocer que, aunque una moción de censura es «entrar por la puerta de atrás» en un Ayuntamiento, la de 2009 «fue democrática porque lo permitía la ley».
Enfrentamiento dialéctico con un ciudadano
El pleno ha concluido con un episodio algo polémico. Tras varias sesiones sin intervención de ningún ciudadano o representante vecinal, el pleno de hoy había recuperado el turno de preguntas de ciudadanos, con la comparecencia de uno de ellos. Este hombre, que ya había sido desalojado en dos plenos anteriores por querer hacer uso de la palabra sin estar autorizado, ha expresado sus críticas a los impuestos y tasas municipales así como al mal estado en el que se encuentran muchas calles de la ciudad, temas para los que había solicitado hablar. No obstante, a continuación intentó referirse a la moción debatida sobre la elección directa de alcaldes, listas abiertas y a la candidatura de Agustín Navarro para encabezar la lista de 2015 del PSOE, punto en el que el alcalde le ha retirado la palabra, al considerar que no se trataba de ningún asunto «de ciudad», como recoge el Reglamento de Participación Ciudadana. Tras un rifirrafe verbal entre ambos, el alcalde ha acabado levantando la sesión, sin dejar al ciudadano concluir.
