El Ayuntamiento de Benidorm dejará de ingresar algo más de 33.700 euros por la explotación de la estación de autobuses de la ciudad. Así se desprende del acuerdo alcanzado con el constructor alicantino Enrique Ortiz encaminado a poder legalizar, de una vez por todas, el exceso de obra construido en este espaciolegalizarexceso de obra, tras una autorización municipal acordada en 2003 para ampliar de 500 a 10.000 metros cuadrados la zona comercial anexa a la terminal y que tanto el TSJ como el Tribunal Supremo anularon en 2007 y 2012, respectivamente.
Según dicho documento, que el gobierno local de Benidorm tiene previsto aprobar el lunes en pleno, el empresario -implicado en las tramas Gürtel y Brugal- sólo tendrá que hacer frente al pago del canon por la explotación de la terminal, el centro comercial y el hotel correspondiente los cuatro últimos años, de 2010 a 2013, que asciende a una cuantía de 76.297,73 euros.
El Ayuntamiento de Benidorm cifró hace meses en 109.992 euros el dinero que Ortiz adeudaba a las arcas municipales por no haber satisfecho este canon desde que comenzó a gestionar el servicio en el año 2007, un asunto que en su día, estando en la oposición, los socialistas pusieron en conocimiento de la Fiscalía al apreciar posibles indicios de delito. Dicha liquidación, según la documentación municipal a la que ha tenido acceso este diario, se dividía en 44.486,94 euros correspondientes a la explotación hotelera anexa a la estación; 6.982,43 euros por la zona comercial; y otros 58.522,69 euros por la gestión de la estación de autobuses, todos ellos entre los años 2007 y 2013.
Sin embargo, el convenio que socialistas y liberales llevarán el lunes a pleno, tan sólo recoge la obligación de que Ortiz abone el canon por las cuatro últimas anualidades; es decir, los 76.297 euros citados anteriormente, mientras que casi un tercio de la liquidación total formulada en su día por los técnicos -33.712 euros- acabarán siendo «perdonados», al considerar que habrían prescrito.
Como ya avanzó ayer este diario, Ayuntamiento y constructor han acordado que la mejor fórmula para poder legalizar el exceso de edificabilidad construido y dar cumplimiento a las sentencias del TSJ y el TS es resolver de mutuo acuerdo el contrato adjudicado a Ortiz en 2002 para construir y explotar la estación de autobuses. Tras este acto, se volvería a sacar la concesión a concurso público, un acto que el Consistorio se compromete a realizar en un plazo de 3 meses desde la firma del conveniose volvería a sacar la concesión a concurso público3 meses. La nueva adjudicataria deberá indemnizar al constructor con 27 millones de euros por las obras ejecutadas y, en el caso de que el concurso quedara desierto, la empresa de Ortiz seguiría explotando todo el recinto.
