El Ayuntamiento de Benidorm parece haber encontrado, de una vez por todas, la solución más idónea para resolver un problema que viene arrastrando desde hace más de una década. El Tribunal Supremo, hace un año, anuló una modificación realizada en 2003 del contrato de la estación de autobuses con Enrique Ortiz. Desde 2002 y hasta ahora, la mercantil del empresario alicantino, Estación de Autobuses de Benidorm SL, ha tenido la concesión de este espacio, en el que además se ha construido un hotel y una zona comercial. En esta modificación, aprobada por el Consistorio, se ampliaba la superficie comercial de 500 a 10.000 metros cuadrados, y el Supremo estimó que esta acción debería haber sido entendida como un nuevo contrato.
Cuando se posicionó el Supremo, el Consistorio benidormense decidió que fuera el Consell Jurídic Consultiu (CIC) de la Generalitat el que presentara la fórmula para solucionar la situación irregular de la estación. El CIC propuso tres opciones: el rescate de la concesión por parte del Ayuntamiento; la continuación del actual concesionario en lo relativo a la estación, licitando el resto de servicios, o la resolución del contrato de mutuo acuerdo y posterior licitación. Un informe del secretario municipal ha señalado que la última propuesta es la más adecuada y, es por tanto, la que ha seleccionado para llevar a cabo el equipo de gobierno del Ayuntamiento, aunque primero tiene que someterla a votación en el próximo pleno. Las razones de por qué no han contemplado las otras dos son bien sencillas. Por un lado, el rescate de la concesión le supondría al Consistorio abonar demasiado dinero a Enrique Ortiz. La opción de que su sociedad continúe gestionando sólo lo que es la estación es inviable, por una cuestión de normativa urbanística.
El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, señaló que la predisposición del empresario alicantino es «ejecutar la sentencia del Supremo, según he podido saber por reuniones mantenidas con sus abogados por otras cuestiones», dijo. Y es que Ortiz, en el consistorio benidormense es bien conocido por otros asuntos urbanísticos relacionados con el PAI de Armanello, El Moralet, etcétera.
Si se llegara a un acuerdo con el empresario, la nueva licitación se produciría en el plazo máximo de un mes, tal y como señala el informe del funcionario municipal.
Asimismo, se establecen una serie de puntos que se tendrán que tener en cuenta en este acuerdo. Uno de ellos hace referencia a que el plazo de la nueva concesión será el que resta al que se contempló en la primera licitación (hasta 2047). Otro de los puntos es que se deberá escuchar a los garantes hipotecarios y titulares de derechos personales. Este aspecto se incluye debido a que Ortiz pidió un crédito de 23 millones en relación a esta concesión y no está clara la cantidad que le queda por satisfacer. Asimismo, se le exige al empresario, como condición, que liquide el canon de la concesión devengado y que abone lo requerido «en caso de posibles infracciones urbanísticas»; en el hotel se construyeron dos plantas más de lo previsto y se amplió por encima de lo permitido la superficie comercial.
Otra de las cuestiones que subraya este documento del secretario es que el nuevo adjudicatario asumirá todos los contratos vinculados del complejo de la estación con terceros para la explotación de los espacios comerciales y el hotel. Por ejemplo, el contrato de cesión de espacio a Mercadona, que se encuentra instalado en dicha superficie. El empresario alicantino deberá recibir las cantidades invertidas en la estación de autobuses, menos lo que durante estos años ya ha amortizado.
