La protección de tres funcionarios dictada por la Agencia Valenciana Antifraude tras denunciar un supuesto acoso laboral el pasado mes de julio ha llevado ahora al ejecutivo local de Santa Pola a anunciar medidas. La alcaldesa Loreto Serrano aseguró a este diario que creará una comisión la próxima semana para investigar estos casos y todos los que puedan haber sido denunciados en el Ayuntamiento hasta ahora.
La decisión se produce tras haber trascendido públicamente esta semana el amparo en calidad de «denunciante» de la entidad pública a dos policías y la vicesecretaria municipal tras haber colaborado en las investigaciones abiertas en el Ayuntamiento para esclarecer si hubo o no corrupción en casos como el de la compra de los uniformes de la Policía Local. Sin embargo, hay agentes que llevan esperando desde el mes de junio a recibir copia de la resolución del comité de acoso laboral abierto en la Policía Local. Loreto Serrano aseguró ayer que cumplirá a «rajatabla» las directrices de Antifraude, pero las atribuyó al «juego político de PSOE y Compromís para volver a manchar la imagen del PP».
La regidora popular se amparó en que estos tres funcionarios (de baja desde este verano) «apenas han trabajado desde que se formó el ejecutivo local» y que cuando denunciaron «no nos había dado tiempo a tomar ninguna decisión que les pudiera perjudicar».
Frente a ello, hay escritos remitidos al Ayuntamiento, a través del registro municipal, en los que uno de los agentes ahora protegidos por Antifraude puso en conocimiento a mediados de julio supuestas amenazas y humillaciones hacia su persona en la Jefatura, además de denunciar la paralización de su plaza como oficial desde la incorporación del jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, y de los otros dos agentes investigados por el caso de los uniformes. Desde el equipo de gobierno se escudaron en que este agente estaba trabajando con una mejora de empleo, que finalizó con la restitución de uno de los policías investigados.
En mitad de esta polémica, el PSOE ha recurrido la restitución del jefe de la Policía Local apuntando a la existencia de «graves errores» en el informe municipal con el que se revocó el expediente disciplinario abierto por el Ayuntamiento. El PP aseguró que a su entrada se encontró con un expediente de lesividad caducado y con una Policía «desestructurada», por lo que defendió haber actuado conforme a la ley.
