El Ayuntamiento de Santa Pola ha revocado los decretos del pasado 26 de julio de 2017 para incoar un expediente disciplinario que dejó sin empleo y sueldo a tres de los policías locales de la localidad que fueron detenidos por la trama de los uniformes de la villa marinera: Alfonso Aracil, Pascual Linares y Roque Alemañ, conocido este último por ser expresidente del Club de Atletismo de Santa Pola. La firma del decreto que deja sin efecto estos expedientes disciplinarios se produjo el pasado 9 de julio, dos semanas antes de que se fuera a celebrar el juicio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche, por lo tres recursos que interpusieron los afectados contra dichos decretos, al entender que vulneraba sus derechos. La edil ha querido así evitar la sesión judicial. De hecho, en el decreto emitido para invalidar los tres decretos del 26 de julio de 2017 da orden a la letrada municipal que «se solicite al Contencioso que acepte la satisfacción extraprocesal de las pretensiones del demandante y archive el procedimiento».

Los otros dos agentes continúan de baja, por lo que aunque también se les ha levantado la suspensión, no se incorporarán a su puesto todavía.

Los agentes fueron expedientados tras las detenciones e investigaciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por supuestos delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental. La denuncia partió del propio Ayuntamiento de Santa Pola tras detectar, al parecer, irregularidades en las contrataciones. Se investiga si los agentes y la empresa suministradora de los uniformes fraccionaron los concursos e incluso si en algunos casos no se llegó a entregar el material contratado.

Tras esta decisión de la alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, con quien no pudo contactar ayer este diario, los agentes manifestaron, a través de su abogado, Lorenzo Bonmatí, que «se les ha causado a ellos y a sus familias un daño innecesario y gratuito con el dictado de los decretos que ahora ha revocado». Asimismo, el letrado manifestó que los perjudicados «no entienden que el pasado año, antes de notificarles el decreto por el que se les suspendía de sus funciones, lo comunicara a la prensa, sin previamente habérselo comunicado a ellos y ahora, que ha revocado los decretos, se mantenga en silencio y no haya convocado a la prensa, como hizo la otra vez y haya reconocido su error».

Por último, «los agentes de la policía quieren agradecer la multitud de apoyos recibidos desde distintos ámbitos de la sociedad de Santa Pola y esperan que en breve pueda finalizar el proceso penal incoado que, por las prácticas ya realizadas, ha demostrado la inconsistencia de la denuncia».

Lo cierto es que el proceso de instrucción continuará en septiembre, con la toma de las últimas declaraciones a los implicados, aunque no hay fecha para retomar las sesiones.