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Crevillent

Trescientas familias de Els Pontets temen quedarse sin agua tras agotar las reservas

Los afectados plantean pedir cubas para el suministro doméstico - Una sentencia condenó a la asociación de regantes a dejar de utilizar una tubería para abastecerse por ser propiedad de otra comunidad

Trescientas familias de Els Pontets temen quedarse sin agua tras agotar las reservas

El conflicto entre dos comunidades de regantes continúa teniendo efectos imparables para 300 familias de la sierra de Crevillent. Vecinos de Els Pontets temen quedarse sin agua en apenas unos días, al haber agotado ya casi todas las reservas hídricas para el suministro doméstico y riego, según el presidente de la asociación agrícola, Francisco Candela.

Tras una sentencia judicial, que todavía no es firme, esta asociación de regantes se ha visto afectada por el cierre de la tubería por la que recibían abastecimiento desde hace 33 años. Y es que, el juzgado dictó que la Comunidad de Regantes de San Cayetano de Crevillent era la propietaria del Canal de los Suizos.

En la misma sentencia se condenó a la Asociación Agrícola Els Pontets a estar y pasar por esta declaración y abstenerse de realizar cualquier acto que afecte al derecho de propiedad de la comunidad respecto del canal.

Así, después de tres meses con el grifo cerrado, los vecinos de esta zona rural de la localidad viven angustiados al ver que no llegan a una solución mientras se resuelve el recurso, por lo que han planteado tener que emplear cubas de agua para poder hacer vida normal hasta que se solucione el conflicto. Y es que, los afectados ya recurrieron la sentencia y están a la espera de una solución urgente, ya que hasta esta zona de la sierra crevillentina no llega agua potable.

Exigencias

Por su parte, desde la Comunidad de Regantes de San Cayetano destacaron ayer en un comunicado «que no es deseo nuestro dejar sin servicio a la comunidad de Els Pontets. Los únicos objetivos de nuestra comunidad son que se respete la propiedad de las infraestructuras, que se restauren los daños ocasionados, que Els Pontets abone los peajes oportunos por el uso de las canalizaciones, como cualquier otro comunero».

Asimismo, admitieron que «los únicos responsables de no acceder al servicio de agua de riego son los directivos de la comunidad de regantes Els Pontets, quienes se niegan a cualquier tipo de acuerdo para el beneficio de ambas comunidades».

Y es que, el enfrentamiento entre las dos entidades agrícolas no sólo ha derivado en la interposición de denuncias ante los tribunales por el uso de una misma tubería, sino también por ocasionar desperfectos en la canalización.

Concretamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche ha dictado la apertura de juicio oral por un delito continuado de daños y otro por coacciones contra dos integrantes de la junta directiva de la asociación Els Pontets. Con ello, el juez pide una fianza de 80.000 euros por los perjuicios ocasionados durante varios años en la canalización.

Mediación política

Mientras tanto, el conflicto ha ido más allá de los vecinos y ha generado un debate político en el municipio sobre la necesidad de mediar por el bien de las familias.

El equipo de gobierno popular ha asegurado haber mantenido reuniones con representantes de las dos asociaciones privadas, «que son las que deben llegar a un acuerdo», explicó la portavoz del PP, Loreto Mallol.

«Además de reuniones mantenidas con anterioridad, tras la primera sentencia que daba titularidad de la red de agua en primera instancia a la Comunidad de Regantes de San Cayetano, el alcalde César Augusto Asencio se ha reunido en tres ocasiones con las asociaciones implicadas», defendió Mallol.

No obstante, desde el PP defendieron que la disputa «surge entre dos asociaciones privadas que con sus abogados, deberán entenderse en beneficio de todas las partes».

Por su parte, desde Compromís también han mantenido encuentros con las dos entidades para conocer de primera mano los pormenores del conflicto y señalaron que «las ofertas y contraofertas aún continúan pero de momento no hay acuerdo».

Su portavoz, José Manuel Penalva defendió que «lo más sensato es que haya un primer acuerdo provisional que no perjudique a quien ha concedido inicialmente los derechos y se restablezca el suministro de agua inmediatamente y en todo caso cuando las sentencias sean firmes, entonces establecer un acuerdo definitivo».

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